Un tema recurrente en cierta prensa es la llamada chicana judicial. Ella es presentada como una artimaña de mala fe utilizada para retrasar o entorpecer un proceso. Entonces se puede colegir que su objetivo es evitar la continuidad normal del juicio mediante planteos que llegan hasta con malicia, y hasta eludir la sentencia. Ergo, como mínimo, es contraria a la celeridad procesal.
Hay sendos editoriales en ese medio en que se presenta a la chicana con una falsa excusa en la meta de paralizar una causa, a menudo para lograr dilatarla o dejar en el olvido una condena. Claramente conlleva variadas aristas, modos y formas en su utilización, obviamente, sin mayor fundamento que rebuscarse en ganar algún tiempo.
En informaciones que están en los registros de ese medio de comunicación, la chicana es presentada como una treta, con conducta temeraria. De ser así, cabe suponer que constituye un abuso sobre la pasividad o la flexibilidad excesiva del derecho. Haciendo un lógico seguimiento, es un sinónimo de trampa, ardid, artimaña, triquiñuela e incluso un engaño.
Sin embargo, por una cuestión de equilibrio es bueno diferenciar esa chicana de la legítima defensa. La primera carece de base legal, mientras que la segunda es el ejercicio de derechos constitucionales. Además, los abogados que abusan de esta práctica son pasibles de tener sanciones disciplinarias o amonestaciones por parte de los tribunales al actuar contra la buena fe procesal.
Corresponde igualmente agregar que toda maniobra indebida es un intento de boicot al procedimiento establecido en la norma jurídica. El comportamiento institucional exige la actuación dentro del marco de la ley, la rectitud y la celeridad, buscando la justicia sin retrasar el fallo; duela a quien le duela: es que por todo delito cometido, al probarse, se paga dentro de un sólido Estado de derecho.
Es importante la coherencia entre lo dicho y el hecho. Aclaramos que esa preocupación en editoriales y notas sobre la chicana judicial son del medio colega Abc Color, que tiene todo un récord de hacerla mención. Solo corresponde agregar la salvedad de que dicha práctica no debe ser atacada cuando no conviene y ocultada cuando se cree que es para beneficio propio.
Al respecto a este último párrafo, una prueba de fuego tiene el mencionado medio hoy lunes 23, puesto que afecta al cónyuge de la directora de dicho diario, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas: este tiene hoy una audiencia ante la Fiscalía y en menos de 20 días más, en abril próximo, otra cita ante la Justicia para la imposición de medidas.
Todo hace suponer, se espera que así sea, que el alto funcionario bancario y esposo de quien es la directora periodística, Natalia Zuccolillo, se presente hoy en dependencias de la Fiscalía de Delitos Económicos como también en el otro llamado en el Poder Judicial. Eso cabe para el avance de los procesos que se le siguen (que son de público conocimiento) si en verdad quiere deslindar la sospecha en los casos en que es primera figura.
En estas horas se probará su responsabilidad ante la audiencia que tiene y pasados unos días se habrá de confirmar si aparece para la imposición de medidas. El tema no solo afecta a “Miki” Zaldívar por la investigación sobre su gestión en el banco Atlas a su cargo, también alcanza a la directora de prensa que está ante la ocasión de mantener su crítica a las chicanas judiciales o dejar al desnudo sus cientos de editoriales. Son como dos en uno, y ya se verá cómo concluyen.