Debe entenderse que la solicitud judicial y la misma aclaración sobre la actuación policial tienen que ver con la buena marcha de las instituciones. La Justicia precisa del desafuero del diputado para que pueda dilucidar lo sucedido, en tanto, la Policía Nacional no puede permitir que en sus filas exista la mínima sospecha de una tarea negligente para favorecer a una de las partes.
Es necesaria la comprensión del respeto al pedido judicial como el deber de la Policía Nacional de ser imparcial, transparente y veraz en sus actuaciones. Lo mencionado no tiene nada que ver con un posible perjuicio deliberado contra el diputado; al contrario, es su oportunidad para dejar en claro su responsabilidad.
La magistrada Rossana Diana Carvallo ya envió la imputación y la solicitud del desafuero del legislador Espínola. Es con relación al accidente que protagonizó el 16 de mayo pasado, cuya víctima murió 11 días después. La fiscala Mercedes Vera formuló imputación por homicidio culposo el 9 de junio de 2026.
La jueza señaló que, debido a su condición de diputado, Espínola cuenta con inmunidad de proceso y detención, lo que representa un obstáculo legal para admitir la imputación. Por ello, y ante la solicitud de desafuero, la representante del Ministerio Público determinó comunicar el acta de imputación y remitir todos los antecedentes del caso al citado órgano.
Ante las versiones que colocan como desprolija la actuación de la Policía, debe decirse que existe un protocolo vigente en los casos de accidentes de tránsito. Además, tienen como principio una normativa específica. La labor principal es asegurar la escena, asistir a las víctimas y labrar el acta veraz que luego sirve a los fiscales y los jueces.
Es clave que corra el pedido de la jueza Carvallo y se asuman los recaudos internos dentro de la Comandancia de la Policía. En ambos casos hay derivaciones que tienen que ver con la institucionalidad entendida como conjunto de comportamientos que fortalecen la convivencia dentro de la igualdad y equidad de derechos y obligaciones.
La institucionalidad es el punto que garantiza la estabilidad, limita el abuso de poder y protege los derechos ciudadanos. Las reglas claras y predecibles —dentro del marco legal y de funciones— son las bases igualmente para fomentar el desarrollo económico y social. Por todo eso, tiene validez la pérdida de investidura y que sea aclarada la actuación policial.
EL SEMÁFORO DE LA TRIBUNA
Verde:
MEC ÑE’ẼRY: LIBROS PARA INSTALAR HÁBITO LECTOR
El lanzamiento de casi 16 millones de materiales permite poner en agenda lectura, escuela y familia. El valor no está solo en repartir libros, sino en lograr que se usen en casa y en aula.
Amarillo:
SALARIO MÍNIMO: TRABAJADORES PIDEN 20%, EMPRESARIOS 2,4%
El Conasam entra en un tramo decisivo con posiciones muy distantes entre sindicatos y sector empresarial. La discusión no es solo técnica, ya que impacta en transporte, alquiler y consumo diario.
Rojo:
CONSUMO ADOLESCENTE: MARIHUANA EN COLEGIO
El hallazgo de presunta marihuana en una institución educativa abre una alerta familiar y escolar. No debe convertirse en estigmatización del adolescente, sino en debate sobre prevención y contención.
