La mujer y su bebé se vieron obligados a transitar por la calle, sometidos al peligro mortal de ser arrollados por algún automovilista o ciclista distraído, porque la vereda estaba bloqueada de vehículos estacionados en un taller mecánico que opera en la vía pública.
La situación desnuda una anomalía extendida a gran parte de la ciudad, pero con particular gravedad en algunos puntos neurálgicos como las avenidas Irrazábal y San Roque González de Santa Cruz, donde brotaron como hongos talleres mecánicos, gomerías, tapicerías, puestos de comida improvisados e insalubres, y hasta cambistas de dinero que se adueñan de una porción de la vereda o la calzada.
En este momento, la ciudad está en su apogeo en cuanto a la presencia de turistas. Vienen atraídos por las ventajas que ofrece la venta de manufacturas importadas, y por las lindas postales que vendemos al mundo de la costanera, las atractivas playas sobre el Paraná.
Presumimos de ser la ciudad más bella, limpia y ordenada del país. Y, de hecho, es una de las ciudades más lindas del país, pero (siempre hay un pero) detrás de todo ese brillo, a la vista de propios y extraños, exhibimos un nivel de desorden e improvisación inadmisibles para una ciudad que presume de moderna y ordenada.
Calles y avenidas usurpadas por estos comercios, convertidas en tierra de nadie, ofrecen una lastimera imagen, consecuencia de la desidia de las autoridades municipales, quienes se muestran incapaces de poner orden en algo tan sencillo como garantizar que las veredas estén libres para el tránsito de las personas.
Existen normas claras y sencillas que regulan la materia, pero son sistemáticamente violentadas por los propietarios de estos talleres, quienes sin ningún pudor convierten una vereda en la extensión de su lugar de trabajo, violentando el derecho de los demás.
La construcción de una ciudad segura, ordenada, limpia —en suma, una ciudad habitable— es una responsabilidad de todos. Es una tarea colectiva en la que cada ciudadano debe poner su parte de esfuerzo y compromiso.
Esa responsabilidad toca en grado superlativo a quienes tienen a su cargo la funcionalidad de los entes de servicio público y a quienes —por mandato ciudadano— deben hacer cumplir las normas de convivencia pacífica y ordenada, y evitar que esta bella ciudad se convierta en tierra de nadie.