La caída del Banco Master en Brasil dejó imágenes potentes: protestas frente a la sede en San Pablo, un dueño detenido en un aeropuerto cuando intentaba abandonar el país, y la sombra del que podría ser el mayor fraude bancario de la historia brasileña. Era cuestión de tiempo para que alguien preguntara si algo así puede pasarnos aquí. La pregunta es legítima. Lo que no es legítimo es responderla con insinuaciones en lugar de datos.
En los últimos días, se trazó un paralelismo entre ese episodio y la situación de ciertos bancos del mercado local, deslizando la idea de una “debilidad” que abriría la puerta a un desenlace parecido. La nota fue tan endeble que el propio medio terminó retirándola de su portal, y la Asoban reclamó formalmente que las declaraciones de su presidenta ejecutiva habían sido sacadas de contexto y "acomodadas a conveniencia“. Así, vale la pena entonces separar el ruido del análisis y poner los hechos sobre la mesa.
Primero, qué fue realmente el caso Master. No fue la falla de un sistema: fue el colapso de una entidad puntual. Esa institución era un banco mediano que representaba menos del 1% de los activos de los bancos en Brasil. Creció a una velocidad anómala captando ahorristas con certificados de depósito que pagaban tasas por encima del mercado –en algún momento, hasta 150% del referencial–, y los respaldaba con activos de dudosa calidad y/o inexistentes.
Hubo fraude, documentación falsa y carteras de crédito fabricadas. La banca central de Brasil lo intervino, lo liquidó y, según sus propios datos, el episodio no tuvo impacto sistémico: los depositantes cobraron del fondo de garantía y redirigieron su dinero hacia otras entidades. Es decir, el sistema funcionó: detectó, aisló y resolvió.
Esa es la primera lección que el alarmismo omite. Un fraude individual no equivale a una crisis sistémica. Confundir ambas cosas no es un error técnico menor: es el corazón del problema.
Segundo, qué dice el modelo paraguayo, que no son opiniones sino números recientes. El BCP acaba de publicar su Informe de Estabilidad Financiera con datos a marzo de 2026. El sistema exhibe un ratio de capital del 17,8%, muy por encima del mínimo legal del 12%; una morosidad de apenas 2,5%; y previsiones que cubren el 117,5% de la cartera vencida.
Pero el dato más relevante frente a este debate está en las pruebas de tensión. El BCP sometió a las 20 entidades reguladas a una batería de escenarios severos para medir hasta dónde aguantan. Simuló que hasta el 8,5% de la cartera sana se volviera morosa de golpe, que los cinco mayores deudores de cada entidad dejaran de pagar por completo, una caída brusca de las tasas de interés y una devaluación del guaraní de hasta 51,7%, el peor episodio registrado entre el 2001 y el 2023. En todos esos casos, incluso los más extremos, el capital de bancos y financieras se mantiene por encima del mínimo del 12%. Y ante un retiro masivo de depósitos, los ejercicios muestran que los bancos podrían soportar cinco días seguidos de salidas sin pedir asistencia externa. A esto se suma la adopción del Coeficiente de Cobertura de Liquidez de Basilea III, que alinea la supervisión local con las mejores prácticas internacionales. La conclusión del propio BCP es contundente: a nivel agregado, el sistema conserva su solvencia ante shocks adversos y extremos, que además tienen baja probabilidad de ocurrir. Un sistema con estos indicadores no es una estructura de cristal a punto de estallar.
Y acá aparece lo incomprensible. La propia presidenta de Asoban, en la entrevista que luego se distorsionó, no habló de fragilidad: respaldó al Banco Central, recordó que “hoy es una institución reconocida por su solvencia” y subrayó que el verdadero foco debe estar en que las entidades cumplan un marco regulatorio “que está muy claro” y en una supervisión fuerte. Lo que pidió fue evolución del control, no que se desconfíe del sistema. Convertir ese mensaje en un titular sobre “signos de alerta” de un derrumbe es, justamente, lo que obliga a poner las cosas en su lugar.
Porque instalar dudas infundadas sobre la banca no es un acto neutral. La estabilidad financiera descansa sobre la confianza. Sembrar el temor de un colapso sin sustento técnico puede inducir comportamientos que generen el problema que se denuncia. Y de paso erosiona algo más profundo: la credibilidad del ente regulador. Cuando un medio sugiere que “algo así podría pasar acá”, está afirmando implícitamente que el BCP no estaría viendo lo que debería ver. Esa es una acusación seria, y exige pruebas, no insinuaciones.
Paraguay vive una transformación de su negocio financiero: nuevos actores, irrupción de las fintech, pagos instantáneos que crecieron a tasas importantes, bancos que escalaron rápido apalancados en tecnología y modelos distintos a los tradicionales. Que una entidad crezca rápido puede ser, en efecto, una señal a vigilar –y está bien que la supervisión lo haga–, pero también puede ser el resultado de mayor competencia. En un mercado tan exigente como el financiero, la competencia es un valor a defender, no una sospecha a perseguir. Confundir dinamismo con peligro, o resistir la modernización amparándose en el miedo, no protege al ahorrista: protege posiciones.
Nada de esto significa bajar la guardia. La supervisión consolidada de los grupos económicos, el control de conflictos de interés y la transparencia son tareas permanentes, y el propio informe del BCP advierte sobre un entorno externo más complejo. Vigilar es sano; alarmar sin fundamento, no.
La diferencia entre informar y asustar pasa por una sola palabra: rigor. Quien comunica sobre el sistema financiero asume una responsabilidad que exige leer balances, entender indicadores y contrastar afirmaciones con datos. A veces, quien más rápido sospecha de la solidez ajena es porque la mide con la vara de sus propias debilidades. Brasil tuvo un fraude y su sistema lo absorbió; Paraguay tiene, hoy, números que hablan por sí solos. Antes de sembrar dudas sobre el ahorro de la gente, convendría revisar con qué autoridad técnica se las siembra.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.
