El decreto del gobierno argentino que impone la obligación de contar con un seguro médico para ingresar al país no solo genera incertidumbre y preocupación en las ciudades fronterizas, sino que constituye un retroceso en materia de integración regional. Contradice abiertamente los principios del Mercosur, el derecho al libre tránsito, la reciprocidad entre pueblos hermanos y el valor de la solidaridad que ha sostenido históricamente la convivencia en nuestras fronteras.
La medida, adoptada por el presidente Javier Milei bajo la figura de un Decreto de Necesidad y Urgencia, impone requisitos difíciles de cumplir para muchos ciudadanos paraguayos que diariamente cruzan hacia Argentina por motivos familiares, laborales o de compra. Esto no solo afectará la cotidianidad de miles de personas, sino que golpeará directamente a las economías locales, como ya lo advirtieron comerciantes de Encarnación y otras localidades del sur.
Es necesario recordar que Argentina fue durante décadas un país de acogida para paraguayos que huían de la represión dictatorial o buscaban un mejor destino. Muchos de ellos trabajaron y aportaron al crecimiento del vecino país con esfuerzo y dignidad. A su vez, Paraguay ha abierto sus puertas a ciudadanos argentinos que residen, estudian o trabajan entre nosotros sin trabas ni condicionamientos.
Es cierto que existen casos de compatriotas que recurren a servicios públicos de salud del otro lado del río. Pero también es una realidad que el número de paraguayos que acuden a hospitales públicos argentinos representa una mínima fracción —menos del 1% del total de atenciones, según cifras oficiales— y en muchos casos ya abonan aranceles establecidos.
La pretensión de condicionar el ingreso a un seguro médico no solo es impracticable, como lo señalaron comerciantes y autoridades de Itapúa, sino que terminará por fomentar el cruce ilegal, alentando actividades informales e incluso criminales. Lejos de ordenar, esta decisión podría contribuir a desordenar aún más el ya complejo escenario fronterizo.
Además, las fronteras entre Paraguay y Argentina son espacios de convivencia con realidades binacionales: miles de personas tienen doble nacionalidad, vínculos familiares, redes de comercio, cultura compartida. Intentar cercenar esta fluidez es ir contra la propia naturaleza de nuestras ciudades de frontera.
Frente a esto, Paraguay debe mantener su política de apertura y hospitalidad. No debe caer en medidas de represalia, como algunos sugieren, sino insistir en el diálogo diplomático. Corresponde a nuestra Cancillería iniciar conversaciones inmediatas con sus pares argentinos para esclarecer los alcances del decreto y evitar que se convierta en un obstáculo innecesario.
