Aunque no se diga de manera directa, en la pausa de la manifestación campesina este marzo tiene mucho que ver la política del Gobierno con la entrega masiva de los títulos de propiedad. Lo que realiza el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) merece ser destacado como uno de los factores que aventuran la posibilidad de un plan de desarrollo rural.
La mencionada institución pública está cumpliendo con una reparación en lugares emblemáticos y que históricamente fueron focos de grandes conflictos, incluso de sangre y luto. Algunas de esas zonas son Marina Cué, Canindeyú; Barbero Cué, San Pedro; Arroyito, Concepción, y Nueva Mestre, Chaco.
La entrega masiva de títulos de propiedad es una medida inusual que está logrando aliviar la crisis rural, enfocándose en la seguridad jurídica y la reducción de la pobreza en el campo. El programa tiene como objetivo fomentar el arraigo, facilitar el acceso a créditos productivos y formalizar la agricultura familiar.
Lo cierto es que una tradición se rompe luego de 32 años y marzo no se convertirá en el mes de la movilización anual por las reivindicaciones campesinas, por lo que Asunción podrá respirar de los discursos con contenidos incendiarios. La información de la suspensión de la marcha fue oficializada por la propia Federación Nacional Campesina (FNC).
La decisión se debe a que el gremio está enfocado, según declaran los dirigentes, en elaborar y presentar un programa de desarrollo nacional ante el Congreso. La FNC sostiene que el debate sobre la tierra y la producción ya se instaló a nivel país, considerando que la concentración en la ciudad cumplió su función.
Lo cierto es que por primera vez, en 32 años (sin contar los años de pandemia 2020-2021), no se realizará la marcha habitual en el tercer mes del año. A pesar de eso, aclaran que continuarán con sus reclamos conocidos y la defensa de la producción nacional.
La primera movilización se realizó el 15 de marzo de 1994 bajo la Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Campesinas (CIOC). Desde ese tiempo se convirtió en un hito de resistencia y lucha por lo que denominan la reforma agraria.
La regularización de tierras está empezando a convertir las parcelas en activos productivos, permitiendo a los campesinos acceder a créditos bancarios, lo que se considera un motor de desarrollo económico y social.
En vista a las secuelas favorables, más que nunca el Gobierno debe cumplir con la meta de alcanzar 50.000 títulos entregados durante el período actual. Es más, los resultados positivos deben acelerar el 0% en pago por la titulación, pues así se podrá afirmar la vigencia de una revolución positiva para combatir la pobreza en el campo y traer paz a las comunidades rurales.