El departamento de Cordillera es una zona conocida como tierra de tradiciones, la serenidad serrana y con la fama de “Capital Espiritual de la República”. Esta semana, esta región de nuestro país tuvo un baño de realidad brutal, que puso en evidencia que el narcotráfico ha echado raíces profundas incluso en sus pueblos más apacibles. Un operativo ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público, desmanteló una estructura de microtráfico y dejó al descubierto el fenómeno de la expansión de redes criminales que operan con precisión comercial y que apuntan con frialdad a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, la juventud.
Los agentes antidrogas intervinieron en simultáneo en Caacupé, Eusebio Ayala y Caraguatay, zonas con alta presencia juvenil, lo que no es una coincidencia. Según las autoridades, la estructura desmantelada tenía un centro logístico, una cadena de distribución bien definida y, sobre todo, el objetivo claro de captar a los adolescentes y jóvenes como consumidores cautivos de una economía ilícita que crece peligrosamente en nuestras comunidades.
Durante años, la creencia generalizada era que el narcotráfico y la violencia asociada eran males circunscritos a zonas fronterizas o al norte del país. Pero los sucesivos acontecimientos en Cordillera, como la incautación de 500 kilos de cocaína, la erradicación de plantaciones de marihuana en Juan de Mena, y ahora esta red urbana de distribución, demuestran que el crimen organizado expandió sus zonas de operación hacia nuevos escenarios, y lo hace con una eficiencia que alarma.
La tragedia silenciosa que acompaña este fenómeno es el incremento del consumo. Porque detrás de cada dosis fraccionada, hay un joven que comienza a perder el rumbo; hay una familia que empieza a desintegrarse, con padres que no saben siquiera cómo afrontar el drama de un hijo consumidor y lo más terrible, es que este fenómeno siempre viene acompañado de su dosis de violencia. El microtráfico no solo distribuye droga, distribuye dolor, inseguridad y descomposición comunitaria.
En esta ocasión el Estado ha reaccionado con eficiencia operativa. Pero la pregunta que debemos hacernos es si estamos actuando con la misma contundencia en el terreno de la prevención. El combate al microtráfico no puede limitarse a las detenciones y decomisos. Necesitamos políticas públicas sostenidas que lleguen a los colegios, a los clubes deportivos, a los barrios. Urge construir redes comunitarias que contengan y orienten a los jóvenes antes de que sean absorbidos por el circuito delictivo.
Cordillera ya no es solo la postal serena de los fines de semana. Hoy es también un nuevo frente de batalla contra el crimen organizado. Terrible.
