El procedimiento se registró en la tarde del 31 de marzo, en la ciudad de Ubiratã, municipio brasileño del estado de Paraná, donde agentes de seguridad realizaban controles de rutina en busca de cargas ilegales y en medio de ese operativo, un vehículo ocupado por dos ciudadanos paraguayos, una mujer y su hijo, fue interceptado para dicha verificación.
Según informes, en apariencia, nada llamaba la atención sobre el vehículo, sin embargo, la experiencia de los intervinientes fue clave, ya que durante la revisión minuciosa del rodado, los uniformados detectaron indicios de manipulación en la estructura del vehículo, lo que derivó en una inspección más profunda. Fue entonces cuando quedó al descubierto el cargamento ilegal que transportaban los compatriotas: paquetes de droga cuidadosamente ocultos en compartimientos preparados para burlar controles.
La escena se volvió aún más tensa cuando los agentes confirmaron que los ocupantes eran madre e hijo, ambos de nacionalidad paraguaya identificados como Jonathan David Figueredo Mereles, de 24 años y Mirian Mabel Mereles, de 54 años, ambos domiciliados en Presidente Franco, departamento del Alto Paraná, quienes quedaron inmediatamente detenidos y a disposición de las autoridades brasileñas.
El hallazgo no solo dejó al descubierto el intento de traslado de estupefacientes, sino que también expuso un patrón cada vez más frecuente según las autoridades brasileñas; el uso de vehículos modificados y estructuras familiares como fachada para el tráfico de drogas en la frontera.
Ahora, ambos detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas en el vecino país, mientras las autoridades continúan investigando si forman parte de una red mayor o si actuaban de manera independiente dentro del esquema criminal.
En Brasil, el tráfico de drogas está tipificado en la Ley de Drogas 11.343/2006, que establece un marco penal severo para quienes transporten, comercialicen o participen en la cadena de distribución de estupefacientes, en cuanto a la imputación, suele encuadrarse en el delito de “tráfico ilícito de drogas”, cuya pena base va de 5 a 15 años de prisión.
En casos como el traslado de droga junto a un hijo, la Justicia brasileña puede considerar circunstancias más gravosas, lo que endurece la situación procesal de los imputados y reduce las posibilidades de beneficios como la libertad condicional en etapas tempranas del proceso, confirman las autoridades fronterizas.