El juez admitió la imputación contra el expresidente de Petropar Eddie Jara por enriquecimiento ilícito y contra su exesposa Karina Estefania Otazú, por lavado de dinero. La imputación fue presentada por la fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
El juez ordenó el secuestro de todos los vehículos de Jara, la prohibición de contratar, de innovar y el embargo de sus cuentas de todas las entidades financieras.
La investigación determinó preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612, vinculada a operaciones económicas atribuidas al exdirectivo.
¿Qué dice el acta de imputación?
Según el acta de imputación presentada el pasado 22 de octubre, el análisis de documentos tributarios, declaraciones juradas de bienes y rentas, registros bancarios y operaciones financieras permitió identificar movimientos de dinero que, conforme a la hipótesis fiscal, no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario.
La causa se inició a partir de una denuncia remitida por la Contraloría General de la República en marzo del 2026, tras un examen de correspondencia de las declaraciones juradas del entonces titular de Petropar.
De acuerdo con los elementos reunidos, entre agosto del 2023 y marzo del 2026 se identificaron depósitos y aplicaciones de dinero en efectivo por G. 5.547.396.611, cuya procedencia no habría sido suficientemente justificada mediante los ingresos y registros financieros examinados.
Hallazgo de diferencia patrimonial
Tras considerar la capacidad de ahorro estimada para el período, la Fiscalía estableció preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612. Entre las operaciones analizadas figuran depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, cancelaciones de préstamos, adquisiciones de vehículos y otras disposiciones patrimoniales.
Asimismo, fueron identificadas obligaciones financieras cuyas cuotas mensuales habrían superado, en determinados períodos, los ingresos salariales percibidos por el exdirectivo.
En cuanto a la exesposa, la Fiscalía sostiene que habría recibido, transferido y utilizado fondos vinculados a los recursos investigados, mediante operaciones que no guardarían correspondencia con su capacidad financiera declarada.
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La representación fiscal también analizó préstamos particulares, movimientos entre cuentas bancarias y relaciones comerciales con empresas vinculadas a contrataciones realizadas durante la administración del exfuncionario, como parte de las diligencias orientadas a reconstruir el origen y destino de los recursos.