La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, formuló imputación contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara por el supuesto hecho punible de enriquecimiento ilícito y contra su exesposa Karina Estefania Otazú Fleitas por lavado de dinero.
La investigación determinó preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612, vinculada a operaciones económicas atribuidas al exdirectivo.
Según el acta de imputación presentada el 22 de octubre de 2026, el análisis de documentos tributarios, declaraciones juradas de bienes y rentas, registros bancarios y operaciones financieras permitió identificar movimientos de dinero que, conforme a la hipótesis fiscal, no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario.
La causa se inició a partir de una denuncia remitida por la Contraloría General de la República en marzo de 2026, tras un examen de correspondencia de las declaraciones juradas del entonces titular de Petropar.
De acuerdo con los elementos reunidos, entre agosto de 2023 y marzo de 2026 se identificaron depósitos y aplicaciones de dinero en efectivo por G. 5.547.396.611, cuya procedencia no habría sido suficientemente justificada mediante los ingresos y registros financieros examinados. Tras considerar la capacidad de ahorro estimada para el período, la Fiscalía estableció preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612.
Entre las operaciones analizadas figuran depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, cancelaciones de préstamos, adquisiciones de vehículos y otras disposiciones patrimoniales. Asimismo, fueron identificadas obligaciones financieras cuyas cuotas mensuales habrían superado, en determinados períodos, los ingresos salariales percibidos por el exdirectivo.
En cuanto a la segunda persona imputada, la Fiscalía sostiene que habría recibido, transferido y utilizado fondos vinculados a los recursos investigados, mediante operaciones que no guardarían correspondencia con su capacidad financiera declarada.
La representación fiscal también analizó préstamos particulares, movimientos entre cuentas bancarias y relaciones comerciales con empresas vinculadas a contrataciones realizadas durante la administración del exfuncionario, como parte de las diligencias orientadas a reconstruir el origen y destino de los recursos.
En su requerimiento, la agente fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salir del país. Asimismo, requirió medidas cautelares sobre vehículos y cuentas bancarias, con el propósito de preservar bienes y fondos que eventualmente podrían quedar sujetos a comiso.