Designan a fiscales para investigar títulos falsos en la función pública

El fiscal general Emiliano Rolón conformó un equipo especial de anticorrupción tras la denuncia de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en títulos académicos.

| Por La Tribuna
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Estos son los fiscales que investigarán los más de 1000 títulos presumiblemente falsos, que ostentan los funcionarios públicos.

El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura inmediata de una causa penal y la conformación de un equipo especial de investigación para esclarecer supuestas irregularidades en los títulos académicos declarados por funcionarios de diversos organismos y entidades del Estado.

La acción penal surge a raíz de una denuncia formal presentada por representantes de la Contraloría General de la República (CGR), tras severas actuaciones de control ejecutadas por el ente fiscalizador sobre la autenticidad del historial académico del personal público.

Leé más: Contraloría detecta más de 1.000 títulos falsos de funcionarios públicos

Equipo anticorrupción a cargo del caso

La presentación ante la Fiscalía fue formulada por Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la CGR, quienes remitieron los antecedentes detectados en el proceso de auditoría y verificación documental.

Para liderar las pesquisas, el Ministerio Público designó a un equipo técnico especializado compuesto por los agentes fiscales:

Francisco Manuel Cabrera

Verónica Valdez

Jorge Arce Rolandi

Todos ellos integran la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) con sede en Asunción. Las tareas de investigación y diligencias operativas contarán con la supervisión directa de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

Objetivo: determinar delitos penales

La causa penal buscará deslindar responsabilidades individuales, determinar la eventual existencia de conductas con relevancia penal, tales como producción o uso de documentos públicos de contenido falso y corroborar la veracidad de los títulos presentados por los funcionarios implicados para acceder o mantenerse en cargos públicos dentro del aparato estatal.

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