La Contraloría General de la República (CGR) y la comisión investigadora del Senado socializaron el primer avance de una fiscalización que expone un fraude masivo en la función pública y una severa crisis en la educación superior: un muestreo preliminar detectó a más de 1.090 funcionarios públicos con títulos no reconocidos por las universidades y 146 médicos egresados de carreras que no contaban con habilitación legal.
“Nos encontramos con una realidad mucho más perversa de la que nosotros habíamos presumido en el peor de los escenarios”, aseveró de forma contundente el contralor general, Camilo Benítez, al confirmar que la denuncia penal ya fue enviada formalmente al Ministerio Público.
Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Patrick Kemper, enfatizó: “Es nuestra obligación ser respetuosos y hacer valer el esfuerzo de cientos de miles de paraguayos y paraguayas que se esforzaron para conseguir sus títulos”.
Grave alerta sanitaria: 146 médicos sin habilitación
Uno de los hallazgos más alarmantes expuestos en la fiscalización refiere al impacto directo en la salud pública. La auditoría constató que al menos 146 profesionales médicos egresaron e ingresaron al sistema de salud proviniendo de ofertas académicas que no poseían la habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) ni la acreditación de la ANEAES.
“El fondo de la cuestión es que nosotros estamos egresando médicos de universidades que no están habilitadas y mucho menos acreditadas. El negocio de la educación superior estimula a todo el mundo, pero no hay control”, advirtió el contralor Benítez.
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Fraude en el MEC y colapso de controles
En el ámbito administrativo estatal, la entidad con mayor cantidad de funcionarios en situación irregular es paradójicamente el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con más de 800 casilleros bajo sospecha. “El alumno imprimió en un cartón y puso cuál era su profesión y el MEC le inscribió salario por ese título”, graficó el titular de la CGR sobre la falta de debida diligencia institucional.
Respecto al rol regulador del CONES, la Contraloría criticó la omisión sistemática de fiscalización en más de 850 carreras:
Falta de sanciones: El CONES no aplicó intervenciones, clausuras ni sanciones en carreras sin acreditación obligatoria.
Incapacidad operativa: El propio organismo regulador admitió no contar con la infraestructura ni el personal suficiente para ejercer el control.
Suspensión sugerida: La CGR sugirió formalmente suspender la habilitación de nuevas carreras universitarias hasta reestructurar el sistema de control.
Paralelamente, el legislador Patrick Kemper anunció que la próxima semana presentarán un paquete de proyectos de ley para endurecer las sanciones e identificar a los responsables tanto en las instituciones académicas como en las reparticiones públicas.