La familia de un niño, hoy de 13 años, residente en Fernando de la Mora, víctima de un presunto abuso sexual cometido por su padre, expresó su preocupación por las sucesivas postergaciones que viene sufriendo el proceso penal, a pocos meses de cumplirse tres años desde que se formuló la denuncia, en noviembre del 2023.
En la causa, caratulada por el presunto hecho punible de abuso sexual en niños, había salido en mayo del 2025 un sobreseimiento provisional. En julio de este año tanto el Ministerio Público como la representación de la querella presentaron sendas acusaciones formales, solicitando la reapertura del expediente y la elevación de la causa a juicio oral y público.
Reprogramación de audiencia y contexto electoral
El Juzgado Penal de Garantías interviniente hizo lugar a la reapertura y fijó audiencia preliminar para fines de agosto. Sin embargo, esa fecha fue suspendida por razones de agenda del propio Ministerio Público, reprogramándose para el 5 de octubre, jornada posterior a las elecciones municipales, en las que un hermano del acusado figura como candidato.
La coincidencia de fechas genera inquietud. Para los querellantes, la nueva fecha reaviva la desconfianza que ya había rodeado a este proceso en etapas anteriores, en las que se señaló el peso político de la familia del acusado como un factor de preocupación.
Elementos de convicción e interés superior del niño
“El niño lleva casi tres años esperando una resolución definitiva. Que la audiencia caiga justo al día siguiente de una elección en la que compite un familiar del acusado es una señal que no podemos pasar por alto”, señalaron allegados al caso, que insistieron en que la causa cuenta con elementos de convicción suficientes –entre ellos informes psicológicos y psiquiátricos y la declaración de la víctima registrada mediante cámara Gesell– para avanzar sin más demoras hacia el juicio oral.
La parte acusadora remarcó que, tratándose de una víctima menor de edad, el ordenamiento jurídico nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen que este tipo de procesos sea tramitado con prioridad y celeridad, evitando la revictimización que conlleva una exposición prolongada al sistema judicial, y que dicha prioridad no debería subordinarse a agendas ajenas al interés superior del niño.
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