El ministro del Interior, Enrique Riera, desglosó los avances críticos en materia de seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional. Durante la emisión de Espresso Informativo, a través de La Tribu 650 AM, el secretario de Estado confirmó que la inteligencia policial y militar ha identificado patrones técnicos que vinculan al EPP con el reciente rapto en el norte.
La coordinación operativa entre el Departamento Antisecuestro (DAS) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se centra actualmente en los perímetros de Canindeyú y Caaguazú. A pesar del despliegue, el ministro reconoció que la red de caminos internos utilizados para la zafra agrícola facilita el movimiento de los criminales fuera de las rutas formales.
Los equipos tácticos, bajo el mando del general Gaona, analizan las evidencias recolectadas en un campamento temporal detectado tras un reciente incidente de disparos. En el sitio, los investigadores hallaron hojas aplastadas y fosas de desechos que indican una vigilancia prolongada de varios días sobre el objetivo seleccionado.
La basura enterrada en el lugar permitió identificar suministros comerciales adquiridos en locales específicos del departamento de Canindeyú, trazando la logística de abastecimiento del grupo. Además, se desactivó una “garrapita” de 5 kilogramos que contenía los nombres de cuatro cabecillas del EPP abatidos, lo que constituye un claro “homenaje” doctrinario.
El error estratégico y la presión psicológica del secuestro
El grupo insurgente habría cometido un error de inteligencia al seleccionar a un productor de mediano porte como objetivo económico. La víctima reside en una vivienda modesta, carece de vehículos de alta gama y figura como arrendatario de tierras, lo que reduce drásticamente su rentabilidad financiera para el secuestro.
La doctrina de estos grupos criminales busca jugar con la ansiedad familiar mediante un patrón de silencio que suele extenderse por 30 días. Este periodo de “ablandamiento” pretende generar una presión insostenible sobre las autoridades y los allegados para forzar el cumplimiento de sus pedidos políticos o económicos.
La situación financiera de la familia se ve agravada por el bloqueo legal de sus cuentas, aunque persiste una red de solidaridad entre productores rurales. Estos colonos suelen movilizar fondos de entre 30.000 y 50.000 dólares fuera del sistema bancario para asistir a sus pares en crisis, evadiendo los controles de trazabilidad formal.
El ministro enfatizó que el objetivo primordial es recuperar a la víctima sana y con vida, evitando que la presión operativa precipite un desenlace trágico. La inteligencia militar continúa evaluando cada movimiento en el terreno, centrando sus esfuerzos en la zona de Campos Morombí para cortar las vías de escape insurgentes.
El esquema de Sebastián Marset y la delación tipo “FIFA Gate”
Respecto al narcotráfico internacional, Paraguay mantiene el proceso judicial más sólido de la región, logrando la extradición de Gianina García por encima de las pretensiones bolivianas. El ministro criticó la gestión anterior de Bolivia, denunciando que permitieron la huida de Sebastián Marset hacia Caracas tras liberarlo del aeropuerto Viru Viru.
Se identificaron tres fusiles de guerra en posesión de la organización que pertenecerían originalmente a los arsenales del Ejército Boliviano, evidenciando una protección logística transnacional. La vanidad de Marset contrasta hoy con el aislamiento de su esposa, quien cumple un régimen de 22 horas de encierro en una celda de máxima seguridad.
La amenaza directa contra la jueza Rosarito Montanía y los fiscales Deny Pak y Matilde Moreno ha obligado a extremar las medidas de seguridad sobre los magistrados. El entorno de Marset advirtió que los funcionarios tienen “las horas contadas”, intentando amedrentar a quienes lideran la investigación de lavado de dinero más importante del país.
El escenario más temido para los brazos logísticos actuales es la inminente colaboración de Marset con la justicia de Estados Unidos. Al igual que en el FIFA Gate, el capo criminal buscaría “cantar” y delatar a sus protectores políticos para reducir su condena y asegurar el bienestar futuro de su núcleo familiar.