La Contraloría General de la República requirió al intendente liberal Alcides Riveros documentación sobre ingresos y gastos municipales de los ejercicios 2024 y 2025, tras denuncias por supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, informes y documentos respaldatorios sobre el manejo de fondos de la municipalidad correspondientes al ejercicio fiscal del 2024 y al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2025.
El requerimiento fue realizado por el subcontralor Augusto José Félix Paiva el pasado 30 de octubre y se enmarca en una denuncia por el supuesto uso irregular del dinero público en la comuna fernandina.
El intendente Riveros, quien actualmente también es candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dispone de un plazo de cinco días hábiles para remitir toda la documentación solicitada, conforme a lo dispuesto por la legislación vigente. La notificación fue remitida de manera oficial por la CGR y forma parte de un proceso de control administrativo que busca determinar la correcta utilización de los recursos municipales.
Requerimientos de la Contraloría
El órgano extrapoder exige a Riveros la remisión de la reglamentación de ingresos vigente durante los ejercicios fiscales señalados, así como el detalle de las cajas receptoras habilitadas para la recaudación de tributos municipales. En caso de que la municipalidad no cuente con una reglamentación aprobada por resolución, la CGR solicitó que se informe de manera expresa dicha situación, explicando además el procedimiento utilizado para el ingreso de recursos a través de bocas de cobranza.
El pedido incluye la presentación de los comprobantes de ingresos emitidos por la institución, clasificados por mes y orden de emisión; los arqueos de caja diarios y mensuales, con sus respectivas boletas de depósito; y el listado de cheques librados por contribuyentes para el pago de impuestos, tasas y otros servicios municipales, que deberán ser remitidos tanto en formato PDF como en archivo Excel.
Asimismo, la CGR requiere la nómina de funcionarios nombrados y contratados, los listados de cuentas bancarias habilitadas por la municipalidad, así como las copias de los extractos bancarios y conciliaciones correspondientes a cada mes del periodo en revisión. La institución busca determinar si existieron movimientos financieros irregulares o desvíos de fondos municipales a fines particulares.
Denuncia previa y antecedentes
La solicitud de la Contraloría se produce tras las recientes declaraciones del senador Dionisio Amarilla, quien cuestionó la falta de avances en la causa penal N° 886/2022, que involucra a Alcides Riveros. En dicha investigación, el jefe comunal fue denunciado por supuestamente haber utilizado cheques de la Municipalidad de Fernando de la Mora para saldar deudas personales en una cooperativa.
El legislador liberal recordó que el caso fue remitido a la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, y luego convertido en un proyecto de resolución para solicitar informes al Ministerio Público, con el fin de conocer el estado procesal de la causa. “Queremos saber si está muerto o qué pasó ahí, porque esta denuncia llegó a la comisión hace unos días y necesitamos respuestas claras”, había expresado Amarilla en una entrevista radial.
Posible ampliación de la auditoría
Tras conocerse el requerimiento de la CGR, el senador Amarilla manifestó públicamente que espera que la auditoría se amplíe hasta el período 2020, a fin de verificar el manejo de ingresos municipales durante todo el tiempo de gestión de Riveros. Según indicó, el objetivo es abrir un espacio para que los contribuyentes puedan acercar copias de sus comprobantes de pago y verificar si los depósitos fueron realizados correctamente.
El pedido se da en un contexto político particular, ya que Riveros busca posicionarse dentro del PLRA como candidato a la presidencia partidaria, mientras enfrenta críticas por la situación financiera y administrativa de la comuna.
Plazo y consecuencias
De acuerdo con la normativa vigente, Riveros deberá responder a la Contraloría dentro del plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción del oficio. En caso de incumplimiento, el órgano de control podrá remitir el expediente al Ministerio Público o aplicar las sanciones administrativas correspondientes por obstrucción al proceso de fiscalización.
La Contraloría recordó que las municipalidades están obligadas a remitir periódicamente los informes de ejecución presupuestaria, los balances financieros y los registros contables de sus operaciones.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que la revisión podría extenderse si surgen indicios de inconsistencias en los informes iniciales, especialmente en los rubros de recaudación, pagos a proveedores y conciliaciones bancarias.
Fotos: Contraloría investiga presunto uso irregular de fondos comunales
