La controversia instalada alrededor de las inspecciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y la posterior filtración de informes confidenciales entregados al Congreso Nacional han expuesto un dilema institucional de fondo: hasta qué punto la injerencia política y las disputas entre grupos corporativos pueden vulnerar la autonomía de la banca matriz sin fracturar la confianza que sostiene a toda la economía nacional.
En los últimos días, tanto la voz firme del Poder Ejecutivo como la autocrítica de referentes de la oposición y el diagnóstico de analistas económicos han convergido en una premisa unánime: la fortaleza técnica y regulatoria del BCP es el verdadero ancla de la estabilidad macroeconómica del país, y someter sus procesos técnicos a la dinámica de la confrontación parlamentaria representa un riesgo sistémico innecesario.
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El Ejecutivo y el Senado coinciden: exigencia de cordura y resguardo del secreto bancario
El propio presidente de la República, Santiago Peña, salió al paso para respaldar la idoneidad legal y técnica de la banca matriz, recordando que el BCP cuenta con rango constitucional y un marco regulatorio moderno bajo estándares de Basilea III, configurado tras las duras lecciones de la crisis bancaria de los noventa.
Peña fue enfático al señalar que trasladar debates eminentemente técnicos al ámbito político genera una zozobra artificial que amenaza las inversiones, la generación de empleos y el dinamismo del mercado crediticio.
Esta lectura encontró un eco insospechado en las bancadas parlamentarias. En una contundente autocrítica, el senador liberal Salyn Buzarquis reconoció que desde el propio Congreso se actuó con irresponsabilidad al exponer documentos confidenciales e instrumentalizar las observaciones del regulador.
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“De manera franca y como opositor lo digo: mis colegas no midieron las consecuencias de lo que estaban haciendo. Cometieron la irresponsabilidad de iniciar esto y abrieron una canilla que hoy no pueden cerrar. El BCP debe entender que los gobiernos pasan y la política cambia, pero ellos deben hacer un trabajo estrictamente técnico, como jueces que obran conforme a derecho. El secreto bancario es fundamental, cuando se empieza a esparcir información confidencial, de aquí para allá, se atenta contra todo el sistema financiero del país”, sentenció Buzarquis en declaraciones a La Tribu 650 AM.
En esa misma línea, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, subrayó que la estabilidad del sistema exige máxima prudencia y que el canal institucional para esclarecer cualquier inquietud debe mantenerse dentro del ámbito regulatorio del BCP y la Superintendencia de Bancos, descartando que el Senado pretenda erigirse en un tribunal de juzgamiento financiero.
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La visión técnica y el peligro de minar la autoridad del árbitro
Desde el ámbito económico y profesional, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira fue tajante al cuestionar la fragilidad con la que se custodiaron los documentos en la Cámara Alta y advirtió que airear análisis de alta complejidad contable y legal ante actores sin formación técnica produce distorsiones severas en la opinión pública.
“Así se soluciona este problema, no discutiendo en la Cámara de Senadores. Es fundamental contar con un Banco Central independiente y una Superintendencia de Bancos eficiente y eficaz. Difundir análisis que requieren un marco legal y contable técnico para ser comprendidos alimenta la desconfianza hacia el BCP, justo cuando la máxima autoridad reguladora requiere mantener intacta su credibilidad”, subrayó Ferreira ayer en declaraciones a la 730 AM, recordando que la autoridad monetaria siempre ha tenido la capacidad técnica para aislar riesgos y garantizar el patrimonio de los ahorristas.
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El debate por la rentabilidad y el impuesto a las utilidades
Como derivación directa del foco público puesto sobre el sector financiero, el debate se trasladó también al plano fiscal. En ese contexto, el senador liberal Líder Amarilla oficializó la presentación de un proyecto de ley para elevar del 10% al 15% el impuesto a la renta empresarial (IRE) aplicado de forma exclusiva a bancos y financieras.
Amarilla argumentó que, ante utilidades que superaron los USD 860 millones en el último año, el sector de mayor rentabilidad debe realizar un aporte adicional al Fisco, cuyos fondos contarán con un “blindaje presupuestario” para destinarse estrictamente al abastecimiento de medicamentos hospitalarios y a acelerar la cobertura de la pensión universal para adultos mayores.
“El sector bancario ganó más de 860 millones de dólares. Es razonable que el Estado les exija aportar un poquitito más al Fisco para responder al desabastecimiento de medicamentos y cubrir de forma inmediata la pensión para la tercera edad. Esto no se va a recargar a los tomadores de créditos porque el impuesto va sobre la ganancia neta y las tasas de interés están reguladas por el BCP”, precisó Amarilla en diálogo con La Tribu 650 AM.
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Conclusión: Blindar al regulador para proteger la economía
El saldo de este episodio deja una lección institucional clara para la clase política y los actores económicos: los procesos sumarios y la fiscalización constante son la prueba viva de que el regulador bancario funciona y no de que el sistema esté colapsado.
Garantizar la independencia operativa del Banco Central del Paraguay, preservar el secreto bancario y frenar el uso del pánico financiero como arma de presión corporativa o partidaria se erigen como tareas urgentes para proteger el patrimonio de los 4,5 millones de bancarizados y sostener la credibilidad del país ante el mundo.
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