Legisladores de distintos sectores políticos pidieron tranquilidad a la ciudadanía ante las dudas sobre las operaciones observadas por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sostuvieron que los controles deben continuar, pero advirtieron sobre los riesgos de difundir versiones que puedan generar temor entre los ahorristas.
La senadora Lilian Samaniego afirmó que, según las explicaciones brindadas por las autoridades del BCP, el sistema financiero paraguayo se encuentra sólido, cuenta con liquidez y los ahorros de las familias están protegidos. También aseguró que no existe una crisis ni una intervención bancaria.
Tras la reunión con representantes del organismo regulador, la legisladora señaló que los senadores recibieron respuestas a sus consultas, aunque aclaró que el análisis continuará.
Indicó que el BCP detectó una situación que requería ajustes y que la entidad involucrada cumplió dentro del plazo establecido. El caso sigue bajo un sumario administrativo, según sus declaraciones.
Lea también: Alejandro Aguilera: “El sistema bancario es estable y confiable”
Controles sin alarmar a los ahorristas
El senador liberal Salyn Buzarquis pidió investigar las operaciones observadas sin convertir el caso en una disputa entre bancos, grupos económicos o sectores políticos. Sostuvo que la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos y garantizar que las normas se apliquen con el mismo rigor a todas las entidades.
Buzarquis recordó que los sumarios administrativos y las sanciones no significan automáticamente que un banco sea insolvente o que sus depósitos estén en peligro. Por ello, planteó diferenciar las observaciones regulatorias, las medidas correctivas, los procedimientos administrativos y los posibles delitos.
El legislador también reclamó que el BCP actúe con criterios técnicos, sin privilegios ni presiones políticas o económicas.
A su vez, defendió la función de control del Congreso, aunque advirtió que el Senado no debe reemplazar el trabajo de los organismos reguladores ni de la Justicia.
Otro punto de su planteamiento fue la administración de los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). Buzarquis sostuvo que las colocaciones de la previsional deben responder a criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez y diversificación, porque los fondos pertenecen a los trabajadores y jubilados.
Rechazan versiones de una crisis
El diputado colorado Rodrigo Gamarra cuestionó la difusión de versiones que, según afirmó, buscan instalar desconfianza en el sistema financiero a partir del informe de la Superintendencia de Bancos.
El legislador sostuvo que el documento no demuestra una crisis sistémica ni un escenario de colapso bancario. También advirtió que la difusión deliberada de información falsa puede perjudicar los ahorros, afectar fuentes de empleo y dañar la imagen del país.
Gamarra planteó debatir sanciones más severas para quienes difundan falsedades con la intención de provocar pánico financiero. Recordó los antecedentes de la crisis bancaria de la década de 1990 y afirmó que el país debe evitar que se repita una situación similar.
Las declaraciones de los legisladores coinciden en la necesidad de esclarecer las operaciones observadas y determinar eventuales responsabilidades. Sin embargo, también marcan una advertencia sobre las consecuencias que pueden tener los rumores sin respaldo oficial.
Lea más:
Respuestas del BCP dejan por el suelo el tendencioso “informe Rivarola”
Plantean proyecto para sancionar terrorismo financiero
El diputado colorado Alejandro Aguilera anunció que buscará reactivar el debate sobre un proyecto para tipificar el terrorismo financiero, una iniciativa que ya se había promovido en el 2017.
La propuesta contempla penas de hasta cinco años de prisión o multa para los casos básicos, de hasta ocho años en determinadas circunstancias agravantes y de hasta diez años para los hechos más graves.
El planteamiento apunta a sancionar la difusión consciente de información falsa cuando exista intención de provocar retiros masivos y se genere un peligro concreto y grave para la liquidez de las entidades financieras.
Aguilera sostuvo que el miedo de los ahorristas no debe utilizarse como herramienta de disputa empresarial. La iniciativa anunciada deberá debatirse y definirse en el ámbito legislativo. No se trata de una ley vigente ni de sanciones que puedan aplicarse automáticamente.
El diputado también señaló que la propuesta debe contemplar garantías para el ejercicio del periodismo, sin censura previa y con respeto a la reserva de las fuentes periodísticas.
Lea también: Santiago Peña defendió la solidez del BCP y pidió cordura a la clase política