La iniciativa legislativa busca transparentar los beneficios regulatorios otorgados en los procesos de fusión de los últimos cinco años, que involucran a GNB, Sudameris, Continental y la propuesta de Atlas-Familiar, así como las sanciones y controles aplicados a Banco Itaú ante denuncias de fraudes cibernéticos.
Lea también: Líder Amarilla pide al BCP informes sobre fusiones bancarias, fondos públicos y fraudes cibernéticos
El control parlamentario sobre la banca privada tomó un giro expansivo en la sesión de este miércoles con la presentación de dos resoluciones institucionales que extienden el examen del Congreso hacia la totalidad de las grandes operaciones de absorción y la seguridad tecnológica del sector.
Los requerimientos buscan determinar los criterios técnicos utilizados por la Superintendencia de Bancos para conceder diferimientos de pérdidas contables y excepciones de encaje legal, además de evaluar el impacto de la cartera morosa transferida entre entidades adquirentes y absorbidas.
Lea también:La Asoban exige rigor judicial en casos de Banco Atlas
Los dos ejes de la ampliación del control financiero
La solicitud aprobada por el pleno para requerir informes oficiales al BCP en un plazo de 15 días hábiles se concentra en dos áreas de supervisión.
Por un lado, el diferimiento de pérdidas y procesos de absorción (Últimos 5 años). En ese contexto, se exige al BCP detallar los fundamentos técnicos para autorizar el diferimiento de pérdidas en las absorciones.
Así también, el documento consulta si dentro del proceso de fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar se solicitaron medidas regulatorias excepcionales para diferir pérdidas contables.
Se pide explicitar si Sudameris utilizó la figura del desencaje legal para mitigar pérdidas tras absorber Regional, junto con el desglose del monto de la cartera vencida de todas las entidades absorbidas y su estatus contable actual.
Por otro lado, se aboca en la seguridad tecnológica y sumarios a Banco Itaú. A tal efecto, el Senado requiere el historial de procesos sumariales, sanciones e investigaciones administrativas aplicadas a Banco Itaú Paraguay en los últimos diez años.
Igualmente, el BCP deberá remitir los informes de inspección, supervisión y medidas correctivas adoptadas ante fallas en riesgos informáticos y denuncias ciudadanas por vulnerabilidades digitales.
Se solicitó también, verificar si el órgano regulador posee registros de denuncias remitidas a la Fiscalía sobre posibles conductas punibles cibernéticas atribuibles a funcionarios de la entidad.
TE PUEDE INTERESAR: Diputados exige al BCP respuestas sobre operaciones de banco Atlas