En un pedido de informes impulsado por el diputado Alejandro Aguilera, la Cámara Baja plantea interrogantes acerca de la actuación del BCP y la SB sobre casos como la acusación fiscal contra directivos de banco Atlas por presunto lavado de dinero en el caso Nicolás Leoz; el polémico contrato de fideicomiso con IPS; y el supuesto lavado de dinero en el caso Paraqvaria y los vínculos con Darío Messer.
El documento no se limita a solicitar información sobre el banco Atlas. En buena medida, busca determinar si el sistema de supervisión bancaria actuó de manera oportuna frente a advertencias, sanciones y situaciones que posteriormente fueron objeto de investigaciones fiscales o cuestionamientos de otras instituciones del Estado. El pedido establece un plazo de 15 días hábiles para que el BCP remita las respuestas a la Cámara Baja.
Uno de los principales puntos de preocupación de los legisladores es conocer por qué, pese a antecedentes que incluyen sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con autoridades o directivos de Atlas, no existirían —según el documento— sumarios administrativos actualmente en curso contra la entidad. El BCP deberá aclarar si efectivamente no existen procedimientos abiertos o, en caso contrario, identificar su objeto, alcance y estado procesal.
La resolución también pretende establecer cuál es el criterio utilizado por el regulador para abrir investigaciones administrativas cuando los directivos de una entidad financiera están sometidos a investigaciones penales por presuntos hechos de lavado de dinero.
Recordemos que tanto el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) como los integrantes del Directorio, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán, han sido acusados por el Ministerio Público y pesa sobre ellos un pedido de juicio oral por presunto lavado de dinero en la causa penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Los diputados preguntan expresamente si una actuación administrativa debe esperar a que exista una determinación judicial o si el organismo supervisor puede actuar en paralelo para evaluar la eficacia de los controles internos, el gobierno corporativo y los sistemas de prevención.
El pedido de informes busca saber si esa acusación motivó una revisión extraordinaria de la conducción de la entidad, incluyendo las actas del directorio, las políticas de cumplimiento y la distribución interna de responsabilidades.
Otro eje central apunta a las advertencias realizadas por la propia Superintendencia de Bancos en 2016 sobre riesgos asociados a operaciones fiduciarias relacionadas con Leoz. Los legisladores quieren identificar quién verificó el cumplimiento de esas advertencias, qué inspecciones o planes correctivos fueron ordenados posteriormente y cuáles fueron los resultados de su seguimiento. También se solicita información sobre las inspecciones realizadas a la actividad fiduciaria de Atlas entre 2017 y 2026, con sus observaciones, medidas de regularización y eventuales sumarios.
El pedido amplía la investigación hacia otros casos. Solicita saber si los antecedentes vinculados con Leoz, el Instituto de Previsión Social (IPS), Juan Carlos Ozorio y Paraqvaria fueron analizados conjuntamente como posibles indicadores de un patrón de riesgo dentro de la actividad fiduciaria de Atlas. También pregunta cómo registra el BCP los antecedentes, observaciones y sanciones de las entidades supervisadas y de qué manera estos datos son utilizados para evaluar riesgos posteriores.
Especial atención recibe el fideicomiso IPS-banco Atlas, relacionado con operaciones de hasta G. 828.800 millones. La Cámara solicita explicar por qué, al menos hasta enero de 2026, no se habría iniciado una investigación administrativa específica sobre este negocio, pese a las auditorías y actuaciones realizadas por otros organismos públicos.
Los diputados también exigen información sobre el denominado “Punto 5”, la trazabilidad de las instrucciones impartidas, los desembolsos y la documentación presentada para justificar la liberación de recursos del IPS. A esto se suma una consulta sobre la restitución aproximada de G. 803 millones en concepto de intereses reclamados por la previsional, con el objetivo de determinar si se trató simplemente de una conciliación financiera o si pudo revelar deficiencias en la administración del fideicomiso.
Otro frente está relacionado con Juan Carlos Ozorio y la investigación A Ultranza Py, así como con la comunicación realizada por banco Atlas en febrero de 2025 respecto del conflicto entre Matrix y Paraqvaria. El pedido busca determinar si el BCP revisó los procedimientos de debida diligencia aplicados, la información disponible sobre Paraqvaria y la aceptación como garantía de siete inmuebles presuntamente vinculados con Matrix Realty y Darío Messer.
Finalmente, la Cámara quiere conocer cuántos sumarios fueron abiertos contra banco Atlas durante los últimos diez años, cuántos terminaron en sanción o archivo y cuáles estuvieron relacionados con fideicomisos, prevención del lavado de activos o debida diligencia. También solicita información sobre las medidas de supervisión ordinaria y extraordinaria aplicadas a la entidad y los criterios utilizados para determinar su intensidad y periodicidad.
La dimensión política del pedido aparece con mayor claridad cuando se pregunta si banco Atlas recibió el mismo nivel de escrutinio que otras entidades financieras con características y perfiles de riesgo equivalentes, y si existen criterios diferenciados de supervisión según el tamaño, participación de mercado, estructura de propiedad o pertenencia a un grupo económico.
La respuesta del BCP deberá permitir establecer no solo qué controles realizó, sino también qué hizo frente a sus propios hallazgos y si las medidas adoptadas fueron suficientes para evitar que determinadas situaciones se prolongaran en el tiempo.