El análisis de la contabilidad pública revela un patrón constante en las contrataciones de la era Filizzola: la firma de acuerdos millonarios, la liberación expedita de anticipos con fondos públicos y la posterior parálisis de los proyectos sin que las empresas restituyan el dinero ni ejecuten las pólizas de fiel cumplimiento.
Este esquema no solo se evidencia en el emblemático caso del Palacete Torres, donde se liberaron anticipos para obras sobre un arroyo subterráneo e incluso para climatización de un bloque inexistente, sino que forma parte de un historial de desembolsos sin contraprestación física o material.
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Un historial de contrataciones bajo la lupa
Las irregularidades contables asentadas en el Ministerio del Interior forman parte de una serie de procesos administrativos y judiciales que han salpicado la administración de Filizzola.
En ese sentido, se encuentran proyectos edilicios adjudicados donde se abonaron importantes sumas iniciales pero cuyos trabajos quedaron a medio terminar o con fallas estructurales insostenibles.
Así como la adquisición de bienes e instalaciones que nunca llegaron a resguardarse ni ponerse en funcionamiento por falta de infraestructura adecuada.
Durante años, los montos no devueltos por las contratistas figuraron simplemente como saldos pendientes en los balances anuales, diluyendo la responsabilidad de cobro.
Consecuencias patrimoniales y la vía judicial
El acumulado de estos contratos fallidos generó un perjuicio patrimonial directo que sigue registrado en la contabilidad del Estado. El paquete de antecedentes sobre las obras no terminadas y el no reingreso de los anticipos se encuentra en manos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría (CGR) como parte del conjunto de inconsistencias que marcaron esa etapa de gestión pública.
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Millonario daño imputado
El Estado estimó un perjuicio superior a los G. 51.000 millones entre la flota de helicópteros inoperativos y la certificación acelerada de obras en 24 comisarías.
Sin absolución de fondo y un expediente paralizado por tramas judiciales, ninguna de las causas impulsadas contra la administración de Rafael Filizzola culminó con la comprobación de su inocencia en un juicio oral. Las acusaciones se vieron sistemáticamente frenadas por anulaciones formales, recusaciones e incidentes procesales orientados a forzar la prescripción de los hechos.
Un claro ejemplo de esta dinámica se vive en el expediente de las “comisarías de oro”. Por segunda vez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debió intervenir para destrabar la causa, revocando trabas previas y ordenando a los camaristas Torres, Escobar y Riera estudiar el pedido de prescripción.
A mediados del mes de agosto, el camarista Torres presentó su inhibición. Al ser notificada para integrar el tribunal, la magistrada Adriana Giagni impugnó la medida argumentando que su colega no fundamentó debidamente el grado de amistad alegado. Ante la falta de resolución en la Cámara, el expediente quedó nuevamente estancado y fue derivado otra vez a la Sala Penal de la Suprema Corte para definir la integración del tribunal.
Costo presupuestario acumulado
Filizzola y su entorno suman más de 35 años ocupando cargos en la nómina pública, financiados de manera ininterrumpida con recursos del Presupuesto General de la Nación.
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