Una investigación periodística basada en documentos oficiales expone la grave crisis edilicia y financiera dejada en el Ministerio del Interior durante administraciones pasadas.
Entre obras de ampliación paralizadas sobre un arroyo subterráneo y anticipos millonarios no devueltos, que incluyen la compra de acondicionadores de aire para un edificio inexistente, el perjuicio patrimonial acumulado asciende a más de 7.600 millones de guaraníes.
En la intersección de las calles Chile y Manduvirá, en el histórico Palacete Torres, antigua sede del Ministerio del Interior y colindante a la Casa Riera, se erige una estructura abandonada que representa uno de los mayores emblemas del despilfarro público.
Lo que inició en 2009 con un concurso de proyectos con un premio de G. 50 millones para la restauración y ampliación del conjunto edilicio, derivó en una construcción con fallas estructurales graves.
La obra de ampliación se levantó directamente sobre el cauce de un arroyo subterráneo sin un sistema adecuado de canalización ni desagote, provocando filtraciones constantes, acumulación de medio metro de agua e infiltración de salitre en los cimientos que amenazan con hacer colapsar el edificio.
Asimismo, los supuestos trabajos de restauración en el Palacete Torres se limitaron a la superposición de capas de pintura sobre las paredes, omitiendo un tratamiento patrimonial real.
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Desglose financiero: el esquema de los anticipos no devueltos
De acuerdo con las planillas oficiales de la institución, la suma de los contratos adjudicados para diversas obras y equipamientos superó los G. 26.300 millones.
Sin embargo, a pesar del cese de los trabajos y el incumplimiento contractual, los anticipos otorgados a las empresas contratistas jamás fueron reintegrados al Estado.
Aires acondicionados para un edificio fantasma
Uno de los hechos más llamativos dentro del expediente es la contratación firmada con Britam SA por G. 4.290.463.794 para el equipamiento de climatización del nuevo bloque.
Bajo las administraciones de Carlos Filizzola y Carmelo Caballero, el Estado desembolsó un anticipo del 30% equivalente a G. 1.287.139.138.
Sin embargo, los acondicionadores de aire nunca fueron entregados ni instalados por “falta de espacio físico para su resguardo”, dado que la estructura edilicia se encontraba paralizada. A pesar del incumplimiento en la entrega del bien, el anticipo tampoco fue reembolsado a las arcas públicas.
Un perjuicio total de G. 7.684 millones bajo la lupa judicial
La suma de los fondos públicos no devueltos en la gestión ordinaria (G. 3.558.674.492) y en la cartera judicializada (G. 4.126.225.271) arroja un daño patrimonial consolidado de G. 7.684.899.763.
Durante años, sucesivas administraciones evitaron accionar para la recuperación de estos montos, asentándolos contablemente como saldos pendientes en los balances anuales.
Actualmente, este paquete de contratos fallidos, junto con el proyecto paralizado de las comisarías, se encuentra denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR), formando parte del conjunto de pruebas elevadas a juicio oral y público.
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