El ministro Víctor Ríos emitió su voto ayer, y anteriormente lo hicieron sus colegas Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, según fuentes judiciales.
Se desconoce el nombre del camarista que integrará la sala penal junto a los magistrados Paublino Escobar y Jesús Riera, ya que recién hoy se remitiría la resolución a la sala correspondiente.
La Corte debía definir si daba la razón al camarista Camilo Torres, quien alegó amistad con Rafael Filizzola para inhibirse de la causa o si hacía lugar a la impugnación de su colega Adriana Giagni, quien sostiene que las razones no son suficientes para que su colega se aparte y ella pase a integrar la sala.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y el ministro Víctor Ríos pasó a conformar la sala penal, por inhibición del miembro genuino, Luis María Benítez Riera.
La Corte recibió el expediente el 26 de junio pasado y para su resolución el Ministerio Público presentó dos urgimientos.
La fiscala explicó que desde mayo de 2025 está pendiente un recurso de apelación contra el fallo del juez Yoan Paul López que dictó la prescripción del caso Comisarías y por ende el sobreseimiento de Filizzola, exministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo.
“Notando el conflicto de competencia generado entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuyo decisorio se encuentra pendiente ante la máxima Sala Penal, esta representación fiscal viene a solicitar respetuosamente se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, indica el último escrito de urgimiento de la fiscala Silvia González Vester.
“Cabe hacer notar que el recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el AI número 371 , por lo que la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, en tanto al transcurso del tiempo se encuentra directamente vinculado con la cuestión que precisamente constituye materia de controversia”, enfatiza el urgimiento.
Sigue diciendo: “En ese sentido resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”.
La segunda vez que la Corte integra la Cámara
En realidad, es la segunda vez que la Corte Suprema de Justicia destraba la causa, pues el 11 de junio había dispuesto que los camaristas Torres, Escobar y Riera debían estudiar la prescripción.
Sin embargo, a mediados de este mes se inhibió el camarista Torres y la magistrada Adriana Giagni al ser notificada de que debía integrar la sala, impugnó la inhibición con el argumento de que su colega no fundamentó el grado de amistad. Entonces, el expediente volvió a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Puntos que cuestiona la Fiscalía
Obras inconclusas: el Ministerio del Interior realizó un desembolso total de G. 1.131.812.500 a favor de la empresa Todo Verde Emprendimientos. Sin embargo, la investigación constató que las obras destinadas a 24 comisarías de Asunción quedaron inconclusas o directamente no fueron ejecutadas.
Perjuicio al Estado: La Fiscalía sostiene que estas omisiones y pagos irregulares causaron un daño patrimonial directo al Estado paraguayo por la totalidad del monto adjudicado (más de 1.131 millones de guaraníes).
Por ese motivo, la Fiscalía impulsó un proceso por lesión de confianza, en el año 2013, tras una denuncia presentada por el entonces ministro del Interior Francisco De Vargas.
El senador Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista sostiene que el proceso forma parte de una persecución política, lo cual se demuestra con que dos jueces ya declararon la prescripción, en alusión a resoluciones firmadas por la jueza Alicia Pedrozo y ratificada por Yoan Paul López.
Filizzola, al tiempo de lanzarse contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, calificó de chicanera a la Fiscalía.