El titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, defendió la postura del sector empresarial tras las reguladas y el paro de servicios registrado el pasado sábado. Durante una entrevista en el programa Tribu Nativa de La Tribu, 650 AM, el vocero afirmó que la falta de unidades en las calles no fue una medida de fuerza premeditada, sino una consecuencia directa de la carencia de combustible. Según Ruiz Díaz, las empresas no contaban con el flujo de caja necesario para adquirir gasoil debido a los retrasos en el pago de subsidios estatales.
El empresario calificó de “necesario y correcto” el sumario administrativo anunciado por el Viceministerio de Transporte para investigar las causas de la deficiencia del servicio. Sostuvo que en dicha instancia presentarán las pruebas que certifican que el stock de combustible se agotó dos semanas después de haber advertido a las autoridades sobre la inminente crisis.
El titular del gremio transportista destacó que la normalización del servicio el domingo por la noche fue posible únicamente gracias a que Petropar otorgó combustible a crédito mediante tarjetas de emergencia para las 28 empresas agremiadas.
Desfase tarifario y la intervención de consultoras internacionales
La crisis del transporte tiene una base técnica que, según el titular de Cetrapam, el Gobierno se niega a reconocer formalmente. Ruiz Díaz citó un estudio de la Asociación Nacional de Transportes Públicos del Brasil, contratada por el Estado por 102.000 dólares, que determinó que las empresas operan con ingresos un 15% inferiores a sus costos operativos reales.
Este desfase en la estructuración de la remuneración impacta en la calidad del servicio, que el propio empresario calificó como “deficiente y degradado” debido a las reglas impuestas por la autoridad de aplicación.
Inversión privada frenada por falta de reglamentación estatal
Uno de los puntos más críticos revelados durante la entrevista fue la existencia de una flota de 80 buses eléctricos que no pueden operar por falta de definiciones técnicas del Viceministerio.
Ruiz Díaz detalló que la empresa Ñandutí SA tiene 40 unidades estacionadas en su patio y otras 40 aguardando en el puerto de Montevideo. El empresario denunció que el Gobierno aún no fijó la tarifa ni la modalidad de pago para estos vehículos, lo que mantiene una inversión millonaria totalmente paralizada mientras la ciudadanía sufre la falta de unidades modernas.
Contradicciones en la competencia y el rol de las empresas aliadas
El vocero de Cetrapam lanzó duras críticas contra la empresa Magno, señalando supuestas irregularidades en su flota y en su relación con el Estado. Según Ruiz Díaz, dicha firma incumplió su pliego de bases al incorporar vehículos usados en lugar del 100% de buses 0 km prometidos.
Acusó al Viceministerio de Transporte de mantener un silencio cómplice ante estas faltas debido a las licitaciones vigentes de la empresa con el Gobierno. Afirmó que, a pesar de las críticas públicas, todas las empresas del sector se beneficiaron del combustible subsidiado por Petropar para retomar el servicio.
Propuesta de subsidio directo al pasajero mediante el billetaje
Respecto a la transparencia de los fondos públicos, Ruiz Díaz reafirmó que el sector empresarial está a favor de que el subsidio sea entregado directamente al pasajero y no a los transportistas.
Propuso un sistema de trazabilidad total donde el beneficio se acredite en la tarjeta del usuario vinculada a su número de cédula de identidad. Según su visión, esto eliminaría las distorsiones del sistema actual, donde empresas privadas terminan beneficiándose del pasaje subsidiado de sus empleados gestores, y permitiría un control real sobre quién utiliza verdaderamente el servicio.
Realidad económica y el futuro de la reforma del transporte
El titular de Cetrapam aseguró que la rentabilidad actual del transporte público es apenas del 8%, cifra que se encuentra por debajo de lo que rinde un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) en cualquier banco.
Desmintió que el sector sea “privilegiado” y argumentó que operan bajo una estructura de costos que permite buses de hasta 20 años de antigüedad porque el Estado no permite un aumento de la tarifa técnica. Finalmente, expresó que el sector está preparado para la reforma del transporte, siempre que se garantice la participación de los empresarios, choferes y la sociedad civil en la reglamentación de la nueva ley.