Transfirió bienes que estaban destinados a comiso. Por esta razón, el juez Rodrigo Estigarribia ordenó una nueva orden de prisión a Alexandre Rodrigues Gomes, que ya se encuentra en la cárcel por el caso Pavo Real II.
El juez Rodrigo Estigarribia firmó una nueva orden de prisión contra Alexandre Rodrigues Gomes, que ya está en la cárcel por supuesto narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.
Rodrígues fue convocado ayer por el juez para una audiencia de imposición de medidas a pedido de los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes le imputaron otra vez por lavado de dinero.
Sin embargo, el hecho real que cometió fue que transfirió inmuebles que la Justicia ya había embargado. El objetivo era pagar con una propiedad el honorario a su abogado defensor, Óscar Tuma, pero este también está procesado, aunque logró la medida sustitutiva. Ambos están involucrados junto con una funcionaria de Registro Público en la alteración de datos judiciales sobre los inmuebles.
El juez señaló que considerando los antecedentes del caso, se encontró que hay una probabilidad razonable de que Alexandre Rodrigues Gomes habría intervenido en maniobras orientadas a frustrar el eventual comiso de bienes.
Rodrigues Gomes está procesado en el caso llamado Pavo Real II, que dirige el magistrado Osmar Legal, juez penal de Garantías del crimen organizado. En el caso Pavo Real II, está acusado por la Fiscalía de supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Otro caso pendiente que el citado procesado tiene con la Justicia paraguaya está vinculado con hechos punibles contra la propiedad documental y nuevamente lavado de dinero. En este expediente fue que intentó transferir una propiedad a favor del abogado Óscar Tuma y supuestamente esa propiedad estaba en litigio y no se podía transferir por sospecha de que sería producto de lavado de dinero.
La Fiscalía dijo en su acusación que hubo complicidad con escribanas e inclusive con funcionarios del Registro Público para hacer la transferencia indebida. Este caso está a cargo de la jueza Rosarito Montanía del fuero del crimen organizado.
Por otra parte, la jueza penal Lici Sánchez otorgó a finales del año pasado la extradición simplificada a Alexandre Rodrigues Gomes, dentro del marco de un proceso judicial que este debe afrontar en Brasil. Rodrígues se allanó al pedido de la justicia brasileña. Sin embargo, no podrá ir a Brasil hasta que cumpla con los procesos penales pendientes en Paraguay.
En el caso Pavo Real II, la acusación del Ministerio Público señala que Alexandre Rodrigues Gomes lideraba una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes. Entre el año 2019 y el 2021, Alexandre Rodrigues Gomes formó parte de una organización criminal integrada por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos, dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, con base de operaciones en ciudades fronterizas del departamento de Amambay.
La Fiscalía señala que esta estructura criminal liderada por Rodrigues Gomes operaba en todas las etapas de la cadena delictiva: adquisición de cocaína, pasta base en Bolivia, ingreso al territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en establecimientos rurales, resguardo y transporte posterior al territorio brasileño y otros destinos internacionales como el continente europeo.
También se le atribuye a Alexandre Rodrigues Gomes haber estado vinculado con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão y, en ese contexto, haber tenido participación en transacciones de compra-venta de bienes inmuebles existentes en territorio paraguayo que forman parte del patrimonio de la organización criminal y fueron adquiridas de manera irregular.
Concretamente, se hace referencia a la adquisición irregular del establecimiento rural denominado estancia Negla Poty en el año 2020. En ese sentido, se le atribuye haber pertenecido a una estructura criminal independiente a la de Jarvis Chimenes Pavão, con la que brindó auxilio económico a la organización de este último, mediante la adquisición de la referida estancia, como parte de una práctica común que realiza a favor de grupos criminales que operan en la frontera.
Además, se le atribuye haber realizado operaciones financieras sin sustento comercial, a título personal y también a través de las empresas de las cuales formaba parte (como Paraguay Autopartes SA), con personas físicas y jurídicas vinculadas al narcotráfico (como Antonio Joaquim da Mota, Luis Carlos da Rocha, Diego Isaac Benítez y las empresas vinculadas a ellos), entre los años 2017 y 2021; habiendo operado con diversos roles (en algunas ocasiones como lavador, en otras como financista, etcétera).
También se le atribuye haber recibido fondos de diferentes grupos criminales que operan en la zona norte del país, y posteriormente enviarlos a un grupo económico constituido por las firmas Pasfin SAECA, Agroforestal Las Quebradas SA, Cepagro SAECA, Annuaki SA; empresas que, posteriormente, reinvertirían el capital ilícito en diferentes sectores económicos a través de sus diversas actividades comerciales o serían utilizadas para adquirir bienes de distinta naturaleza.
Por último, se le atribuye haber inyectado grandes sumas de dinero al sistema financiero paraguayo de manera ilícita por medio de transacciones en efectivo sin sustento documental suficiente. Esto, a través de sus cuentas bancarias, en un período comprendido entre el 2015 y el 2021.