Víctor Ríos, el voto que define el próximo paso en caso banco Atlas

La definición está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema. Conforme al sistema judicial, los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya definieron sus votos y resta que Víctor Ríos se pronuncie sobre el expediente que tiene en su poder desde el 25 de agosto pasado. La resolución determinará si una recusación permite destrabar el proceso y avanzar hacia la audiencia preliminar, o si la causa continúa paralizada.

| Por La Tribuna
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Banco AtlasEleno Concepción Martínez, Celio Tunholi, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y Jorge Vera Trinidad, acusados por presunto lavado de dinero por el Ministerio Público.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos aparece como la pieza que falta para destrabar una causa penal que lleva años de investigación y que ahora se encuentra detenida en una instancia procesal clave. Se trata de la causa penal Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, en la que el Ministerio Público acusó al presidente del banco Atlas y a otros integrantes de su Directorio y solicitó que sean sometidos a juicio oral y público.

De acuerdo al sistema judicial al que acceden los involucrados en el proceso, los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya tienen definidos sus respectivos votos sobre la incidencia que mantiene frenado el expediente. La decisión pendiente es la de Víctor Ríos, quien, según fuentes judiciales, tiene el expediente desde el 25 de agosto y todavía no ha emitido su resolución.

El dato adquiere especial relevancia porque la definición de la Corte no constituye todavía una decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los procesados. Lo que está en discusión es una cuestión procesal que mantiene bloqueado el avance de la causa. Sin embargo, el pronunciamiento puede resultar determinante para saber si el expediente queda en condiciones de continuar su recorrido hacia la audiencia preliminar, instancia en la que finalmente se analizará el pedido de la Fiscalía de elevar el caso a juicio oral.

La causa se encuentra trabada a raíz de una recusación planteada contra integrantes del Tribunal de Apelación, el 10 de abril pasado por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, en representación de Celio Tunholi, uno de los imputados, y alcanza a los camaristas Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres.

La presentación fue remitida a la Corte Suprema luego de que sucesivas inhibiciones y recusaciones obligaran a modificar la integración de la Sala que debe resolver el incidente. La actual integración para este caso quedó conformada por César Diésel, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos.

El problema procesal tiene una consecuencia concreta, mientras la Corte no resuelva la recusación, el Tribunal de Apelación no puede tratar los recursos pendientes y, por esa razón, tampoco puede avanzar normalmente la etapa intermedia. La audiencia preliminar es la instancia en la que debe resolverse si la acusación reúne las condiciones para que el caso sea elevado a juicio oral.

La firma del ministro Ríos será determinante para el avance del proceso cualquiera sea su resolución, ya que, si la Corte resuelve rechazar la recusación, se mantiene el Tribunal de Apelación y este resuelve los incidentes pendientes para proseguir con la causa. Y si la Corte hace lugar a la recusación, se debe separar a los camaristas recusados y sortear un nuevo tribunal que continúe con el expediente. Es decir que, la llave para continuar con el proceso está en manos del ministro Víctor Ríos.

Una acusación que ya está presentada

Recordemos que el Ministerio Público ya formuló acusación contra los procesados y pidió formalmente la apertura del juicio oral para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), y los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.

Según la acusación fiscal difundida públicamente, la investigación se relaciona con operaciones financieras vinculadas con fondos atribuidos al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. Entre los elementos analizados figuran contratos de fideicomiso constituidos con certificados de depósito de ahorro y operaciones por montos millonarios en guaraníes y en dólares.

La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para atribuir participación penal a los acusados y, sobre esa base, solicitó que la causa sea sometida a juicio oral. Esa pretensión, sin embargo, todavía no fue discutida en la audiencia preliminar debido a la sucesión de incidentes procesales que mantienen paralizado el expediente.

El escenario coloca al voto de Ríos bajo especial atención porque su pronunciamiento integra una decisión necesaria para que el expediente pueda continuar avanzando.

No es menor el hecho de que la investigación fiscal ya haya culminado con un pedido de juicio oral. La causa dejó atrás la etapa investigativa y se encuentra en una fase en la que la discusión debería encaminarse hacia la audiencia preliminar y, eventualmente, hacia un juicio público.

El factor tiempo

La demora de la Corte adquiere relevancia adicional por el tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones. La propia parte querellante, la Conmebol, cuestionó públicamente la prolongación del proceso y reclamó que se resuelvan los incidentes que impiden su avance.

Ahora, todas las miradas están puestas en Víctor Ríos. Si bien la resolución que debe emitir corresponde a una cuestión procesal específica y no al fondo de la acusación, su voto es el que falta para completar la decisión de la Sala.

Mientras el expediente permanezca sin resolución, el proceso continuará condicionado por el incidente pendiente. Si la Corte destraba la cuestión, el expediente podrá avanzar hacia las siguientes etapas procesales. Si el incidente mantiene sus efectos, la causa seguirá sometida a una nueva demora.

La Fiscalía, entretanto, ya fijó su posición, considera que la investigación produjo elementos suficientes para acusar y pedir el juicio oral. El próximo movimiento está, por tanto, en la Corte Suprema, y dentro de ella, en el despacho de Víctor Ríos, quien tiene desde el 25 de agosto el expediente cuya resolución es esperada para definir el siguiente capítulo de una de las causas financieras más relevantes que involucran al sistema bancario paraguayo.

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