La recusación fue planteada el 10 de abril en representación de Celio Tunholi, uno de los imputados en la causa, que alcanza a Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres. Los camaristas elaboraron sus informes y remitieron el incidente a la Corte ese mismo día. Hasta la fecha, no hay pronunciamiento al respecto.
La Conmebol, víctima y querellante adhesiva, presentó un urgimiento para que la Sala Penal dicte resolución y permita reanudar el trámite.
La demora desentona con el diseño legal. El artículo 345 del Código Procesal Penal prevé que si el magistrado recusado se opone por razones de derecho, el incidente debe resolverse en tres días; si requiere prueba, debe convocarse a audiencia dentro de ese plazo y decidirse inmediatamente después. En este caso, la espera se mide en más de cinco meses, no en días.
El expediente nació de una denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) vinculada a operaciones atribuidas al fallecido expresidente de la entidad, Nicolás Leoz, y a su relación financiera con el banco Atlas. Según el acta de imputación citada por la querella, en 2013 Leoz realizó depósitos por USD 5,1 millones y G. 16.000 millones, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.
La Fiscalía, tras una profunda investigación, acusó y pidió juicio oral contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros procesados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
La imputación debe discutirse y probarse en el proceso. Sin embargo, sin respuesta de la Corte, quedan suspendidas decisiones previas a la audiencia preliminar, en la cual se debe decidir una eventual elevación a juicio.
La Fiscalía también pidió en agosto pasado destrabar el expediente, señalando que no pudieron celebrarse las medidas cautelares ni fijarse la preliminar a consecuencia de la paralización de la causa.
Los cinco meses de paralización del caso banco Atlas se apartan ampliamente de la celeridad prevista por la ley. La recusación es una herramienta legítima para resguardar la imparcialidad y resolverla a tiempo es la condición para que no se convierta, por acción u omisión institucional, en un punto muerto del proceso.
El 30 de abril pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral y público contra el imputado Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a fondos de origen ilícito atribuidos al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
La acusación fue formulada por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
De acuerdo con la acusación fiscal, Zaldívar fue incluido como coautor del hecho punible de lavado de dinero, en su condición de integrante del directorio del banco Atlas. La Fiscalía sostiene que el 4 de febrero de 2016 directivos de la entidad aprobaron y ratificaron la suscripción de contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago, identificados como “MC, J y M 03” y “NC 02”.
Según el documento, dichos fideicomisos fueron conformados con certificados de depósito de ahorro por G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, fondos que, conforme a la investigación, provenían de actividades ilícitas atribuidas a Nicolás Leoz durante su gestión al frente de la Conmebol.
La Fiscalía afirma que los recursos fueron canalizados mediante certificados de depósito y estructuras fiduciarias, pese a la existencia de señales de alerta, publicaciones periodísticas, un pedido de arresto provisorio con fines de extradición, un reporte de operación sospechosa y el allanamiento a la sede de la Conmebol.
El Ministerio Público también sostiene que no se aplicaron medidas de debida diligencia ampliada para un cliente considerado de alto riesgo, como era Nicolás Leoz, y que los activos terminaron incorporados a patrimonios autónomos administrados por el banco Atlas.
Con este planteamiento, la Fiscalía consideró agotada la etapa investigativa y solicitó que la causa sea remitida a juicio oral y público, instancia a la que no se puede avanzar debido a la indefinición de la Corte.