El banco Atlas no está acusado por un error de ventanilla ni por una operación que pasó inadvertida entre miles. El Ministerio Público describe una cadena de omisiones alrededor de millones de dólares, alertas internacionales y fideicomisos aprobados por la máxima conducción de la entidad. Por eso, el caso ya no golpea solamente al banco: pone a prueba la credibilidad del sistema financiero y obliga al BCP a decidir cuánto tiempo más puede limitarse a mirar.
La primera alarma apareció en el 2013. Según la acusación, Nicolás Leoz realizó 15 depósitos en efectivo por USD 5.114.300 en apenas cinco meses. Los movimientos no guardaban relación con su operatoria anterior ni con el perfil económico registrado por el banco Atlas.
Un banco no es una caja automática que recibe dinero sin preguntar. Ante semejante diferencia debía verificar el origen, actualizar el perfil del cliente, profundizar la debida diligencia y reportar cualquier operación sospechosa. La Fiscalía sostiene que el banco Atlas no hizo esos controles ni comunicó los movimientos a la Seprelad.
Esa sería la primera gran omisión: no mirar suficientemente cuando el dinero entraba.
La segunda llegó cuando el riesgo dejó de ser discreto. En el 2015 estalló el escándalo FIFAgate, Estados Unidos pidió la extradición de Leoz y la Justicia paraguaya ordenó su arresto domiciliario. Ya no se trataba de un cliente común ni de rumores. El escándalo recorría el mundo.
Sin embargo, en febrero del 2016 el banco Atlas constituyó con Leoz dos fideicomisos de administración de valores y fuente de pago. Las estructuras incorporaron certificados de depósito por aproximadamente USD 2,16 millones y G. 23.014 millones.
Esa sería la segunda omisión: continuar operando cuando las alertas ya tenían nombre, apellido y dimensión internacional.
La acusación presentada el 30 de abril del 2026 no responsabiliza solamente a funcionarios de menor rango. Coloca como presuntos participantes a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y a otros integrantes del Directorio. Para los fiscales, quienes dirigían la entidad habrían conocido las operaciones y participado en decisiones vinculadas con la administración de los activos.
El Ministerio Público pidió además el comiso de USD 718.570, suma que considera relacionada con beneficios obtenidos por el banco mediante las operaciones investigadas. La imputación deberá probarse en juicio, pero ya no puede presentarse como una sospecha vaga o una denuncia periodística: existe acusación formal y pedido de juicio oral.
Precisamente por eso la Fiscalía exige que el proceso continúe. Una recusación presentada por la defensa de uno de los acusados mantiene trabada la causa antes de la audiencia preliminar. Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte resolver el incidente y evitar que el expediente quede atrapado indefinidamente en el pasillo procesal.
Mientras la causa espera, Zaldívar sigue presidiendo el banco Atlas y otros acusados continúan ligados a su conducción.
El BCP tiene una responsabilidad administrativa diferente de la justicia penal. Debe revisar qué información recibió el banco Atlas, qué controles fueron aplicados o no, quién aprobó los fideicomisos, si existieron reportes oportunos y qué medidas adoptó el Directorio cuando el riesgo de Leoz se volvió público.
La Ley General de Bancos exige probidad e idoneidad a presidentes y directores. Su artículo 38 los responsabiliza por aprobar operaciones contrarias a las normas, omitir medidas para corregir irregularidades, desatender instrucciones del supervisor o incumplir disposiciones financieras. No es una recomendación ética: es una obligación legal.
El Banco Central del Paraguay no necesita condenar anticipadamente a nadie. Necesita abrir o transparentar el examen administrativo y decidir si la conducción actual mantiene las condiciones exigidas para administrar depósitos, créditos y patrimonios de terceros. Si hubo faltas graves, la normativa permite sanciones personales que pueden alcanzar la remoción y la inhabilitación.
Desde abril existe un elemento nuevo que alcanza directamente al presidente y al Directorio. Seguir contestando con el silencio sería otra omisión, esta vez del supervisor.
La confianza bancaria no se conserva solamente mostrando balances. También exige saber que los controles antilavado funcionan y que quienes dirigen las entidades responden cuando esos mecanismos son puestos bajo sospecha.
La Justicia decidirá si hubo delito. Pero el BCP debe decidir ahora si puede continuar la misma conducción mientras se investigan operaciones autorizadas desde la estructura que todavía administra.
Atlas sostiene que cumplió con todo. La Fiscalía afirma que omitió casi todo lo esencial. Entre ambas versiones están los documentos que el banco y su supervisor deben mostrar.
Porque si frente a 15 depósitos, millones de dólares, alertas internacionales y fideicomisos posteriores nadie asume una decisión, el problema deja de ser una eventual omisión del banco Atlas. Pasa a ser la sospecha de que todo el sistema prefirió no mirar.