Los elementos incorporados a la causa fiscal plantean una pregunta central: ¿por qué, frente a un conjunto de señales de alerta que ya eran visibles, ambas compañías continuaron operando con Leoz?
En el caso del banco Atlas, la acusación presentada por el Ministerio Público es particularmente contundente. Según los fiscales, durante el 2013 Leoz realizó 15 depósitos en efectivo por un total de USD 5.114.300, en apenas cinco meses, operaciones que no guardaban relación con sus movimientos anteriores ni con el perfil económico conocido del entonces presidente de la Conmebol. La Fiscalía sostiene que el banco no realizó la debida diligencia correspondiente ni reportó esas operaciones a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La dimensión de la alerta adquiere mayor relevancia cuando se observa la cronología. En el 2012 ya habían surgido públicamente denuncias y sospechas sobre el entorno de Leoz. En el 2013 abandonó la presidencia de la Conmebol, y en 2015 Estados Unidos lo incluyó entre los investigados en el caso conocido como FIFAgate, con un pedido de extradición que lo vinculaba a delitos financieros. Pese a ese contexto, el 11 de febrero del 2016 el banco Atlas celebró con Leoz dos contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago.
Los contratos involucraban certificados de depósito de ahorro por unos USD 2,16 millones y G. 23.014 millones, según los datos difundidos a partir de la acusación fiscal. Para el Ministerio Público los fondos tenían origen en actividades ilícitas atribuidas a Leoz durante su gestión al frente de la Conmebol.
El punto crítico es que los fideicomisos fueron constituidos después de que el caso FIFAgate ya había estallado y cuando Leoz se encontraba sometido a un proceso judicial. Es decir, no se trataba de un cliente cuya situación permaneciera completamente ajena al conocimiento público. El propio representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, sostuvo que el banco Atlas disponía de información suficiente para dejar de operar con el exdirigente.
Recordemos además que el banco Atlas está involucrado también en sospechosas operaciones de presunto lavado de dinero también en el caso del capo narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y en el caso del doleiro Darío Messer, con los edificios de Paraqvaria.
Pero el capítulo inmobiliario agrega nueva dimensión al caso. Documentación incorporada recientemente a la investigación revela igualmente que el 26 de febrero de 2016, apenas dos semanas después de los fideicomisos constituidos con banco Atlas, Leoz suscribió contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria mediante los cuales 17 inmuebles, valuados inicialmente en aproximadamente USD 1,49 millones, quedaron bajo administración de Inmobiliaria del Este SA y otra empresa inmobiliaria. Entre las funciones de las administradoras figuraban la intermediación, el cobro y el depósito de los rendimientos en cuentas fiduciarias.
La fecha vuelve a ser un elemento determinante. Los inmuebles habían sido adquiridos durante los años en que Leoz ejercía la presidencia de la Conmebol, entre el 2006 y el 2011, período sobre el cual existen investigaciones y auditorías que apuntan a desvíos de fondos de la institución hacia cuentas particulares. La Fiscalía ahora busca determinar si esos bienes fueron adquiridos con recursos de origen ilícito y qué grado de conocimiento y participación tuvieron quienes intervinieron posteriormente en su administración.
Los bienes posteriormente fueron convertidos en loteamientos administrados por la inmobiliaria, mientras sus rendimientos eran depositados en el banco Atlas.
En otras palabras, el circuito financiero e inmobiliario presenta puntos de conexión que ahora son examinados por el Ministerio Público, dinero atribuido a Leoz, propiedades, fideicomisos, administración inmobiliaria y una entidad bancaria perteneciente al mismo conglomerado empresarial. La Fiscalía ya amplió su línea investigativa hacia IDESA y otras empresas vinculadas a la administración de los inmuebles.
La cuestión investigativa no consiste únicamente en determinar qué hizo Leoz con los fondos. También resulta fundamental establecer qué sabían las empresas que recibieron, administraron o canalizaron esos activos y qué controles aplicaron.
En el caso del banco Atlas, la acusación fiscal sostiene que las señales de alerta no fueron atendidas y que posteriormente se concretaron operaciones de fideicomiso. En el caso de IDESA, la Fiscalía analiza ahora documentación que muestra que la administración de los inmuebles se produjo también después de que el escándalo internacional del FIFAgate ya era público.
Por eso, el expediente abre una interrogante que trasciende a una operación puntual, ¿se trató de simples relaciones comerciales con un cliente cuestionado o existió una estructura empresarial que permitió preservar, administrar y canalizar activos cuya procedencia ya presentaba señales de riesgo?
La respuesta deberá surgir de la investigación y, eventualmente, de la Justicia. Por ahora, lo que muestran los antecedentes incorporados a la causa es que las alertas existieron y fueron anteriores a varias de las operaciones hoy cuestionadas. El desafío de la Fiscalía será determinar quién las conoció, quién decidió ignorarlas y si esa omisión fue meramente negligente o formó parte de un mecanismo deliberado para dar apariencia de legalidad a bienes y fondos de origen presuntamente ilícito.