La acusación fue presentada el 30 de abril del 2026 por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En el escrito, la Fiscalía sostiene que los directivos de Atlas habrían administrado bienes provenientes de hechos antijurídicos y que, a partir de esas operaciones, la entidad bancaria habría obtenido beneficios económicos considerados ilícitos por los investigadores.
El origen del caso se remonta a las operaciones financieras relacionadas con el fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. La hipótesis fiscal apunta a que recursos de procedencia ilícita vinculados al dirigente deportivo ingresaron al circuito financiero y fueron objeto de operaciones que, según la acusación, debieron activar controles y mecanismos de prevención de lavado de dinero.
Aquí aparece uno de los puntos más delicados de la investigación, la Fiscalía no limita su cuestionamiento a la existencia de operaciones bancarias con fondos presuntamente ilícitos, sino que atribuye responsabilidad a quienes estaban al frente de la institución que las procesó. De acuerdo con los investigadores, los ejecutivos de banco Atlas habrían tenido intervención en el esquema y conocimiento de las operaciones que estaban siendo realizadas.
El expediente involucra además a otros integrantes del Directorio como, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán. Todos fueron alcanzados por la acusación fiscal dentro del mismo proceso.
Uno de los elementos que dimensiona el alcance de la acusación es el pedido de comiso de USD 718.570, monto que el Ministerio Público considera relacionado con beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones y fideicomisos vinculados a fondos atribuidos a Leoz. El banco posteriormente depositó “voluntariamente” ese monto, aunque dejó expresamente establecido que la decisión no implicaba reconocimiento de irregularidades ni aceptación de los cargos.
El dinero no es el único punto bajo la lupa. La investigación también analiza contratos de fideicomiso y otras operaciones financieras relacionadas con bienes de Leoz. Documentación incorporada al expediente revela, por ejemplo, contratos de administración inmobiliaria suscritos en el 2016 con Inmobiliaria del Este (otra empresa del Grupo Zuccolillo así como el banco Atlas), cuyos movimientos forman parte de las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos investigados.
El caso adquiere así una dimensión que trasciende a una operación bancaria puntual. Lo que deberá determinar la Justicia es si los mecanismos utilizados por Atlas fueron simples operaciones financieras realizadas dentro de la actividad habitual de la entidad o si, como sostiene la Fiscalía, existió una conducta deliberada de quienes tenían responsabilidades dentro del banco para recibir, administrar o beneficiar fondos provenientes de hechos ilícitos.
La diferencia es sustancial. Para la Fiscalía, Miguel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), no aparece simplemente como el presidente de una entidad donde se realizaron operaciones cuestionadas. La acusación lo ubica como presunto partícipe del esquema investigado. Esa imputación deberá ser probada en juicio.
Mientras tanto, el proceso permanece trabado antes de llegar al juicio oral. Una recusación planteada por la defensa de Celio Tunholi mantiene pendientes decisiones que impiden avanzar hacia la audiencia preliminar y, eventualmente, hacia el debate público de las pruebas.
La causa 06/2021, por tanto, tiene todavía una pregunta central sin respuesta judicial, ¿fue el banco Atlas un mero intermediario financiero que procesó operaciones de un cliente o sus principales ejecutivos participaron conscientemente en la administración y legitimación de bienes de origen ilícito?
Esa es precisamente la acusación que la Fiscalía pretende llevar a juicio.