La pesquisa se remonta al 2014, cuando Matrix Realty realizó desembolsos por un total de USD 1.274.000 en el marco de un proyecto inmobiliario. Posteriormente, un contrato fechado en 2015 habría convertido ese capital en derechos sobre siete oficinas y estacionamientos. La hipótesis fiscal sostiene que esos derechos no fueron incorporados oportunamente al mapa patrimonial de Messer y, por esa razón, quedaron fuera del alcance de las medidas de comiso.
La situación adquiere particular relevancia porque el 19 de julio de 2021, cuando Messer ya era prófugo y estaba condenado en Brasil, esas siete oficinas ingresaron a un fideicomiso de garantía administrado por banco Atlas, respaldando una operación cercana a USD 1,55 millones. Para entonces, Messer ya se encontraba en el centro de investigaciones internacionales por lavado de dinero y sus empresas en Paraguay estaban bajo la órbita de la Senabico.
Aquí aparece la pregunta que la Fiscalía intenta responder, ¿qué controles aplicó el banco Atlas antes de aceptar esos inmuebles como garantía?
La entidad bancaria sostiene que Paraqvaria figuraba como propietaria registral de las oficinas y que los inmuebles aparecían libres de gravámenes, por lo que no tenía conocimiento del supuesto contrato privado celebrado anteriormente con Matrix Realty. En otras palabras, Atlas argumenta que se manejó con la información formal disponible en los registros.
Pero para los investigadores el problema no termina en quién aparecía como propietario. La pesquisa apunta a establecer si existían antecedentes económicos, societarios o contractuales que permitieran detectar que los inmuebles estaban vinculados a una operación anterior con una empresa relacionada con Messer. La investigación deberá determinar, además, quién conocía el contrato de 2015, cuándo fue comunicado y por qué los derechos sobre los bienes no quedaron bajo control estatal.
La controversia coloca a banco Atlas —entidad perteneciente al Grupo Zuccolillo— ante la necesidad de demostrar documentalmente qué hizo su estructura de cumplimiento, su área jurídica y sus mecanismos de debida diligencia antes y durante la constitución del fideicomiso.
La situación es especialmente delicada porque no se trata de una operación menor, son siete inmuebles y más de USD 1,2 millones vinculados a una historia patrimonial que la Fiscalía relaciona con Messer. Y el banco no aparece simplemente como una institución que procesó una transferencia, fue el fiduciario que administró los bienes entregados como garantía.
La investigación coloca pues a la entidad ante una exigencia ineludible, explicar con precisión qué sabía, qué verificó y qué controles aplicó.
El caso vuelve a abrir, además, un debate mayor sobre la eficacia de los mecanismos de prevención del lavado de activos en el sistema financiero paraguayo. Si aparecen antecedentes que debieron activar controles adicionales, los cuestionamientos sobre la actuación de la entidad crecerán inevitablemente.
Por eso, más que una disputa sobre siete oficinas, el expediente se ha convertido en una prueba para el banco Atlas. La Fiscalía busca reconstruir la ruta de los bienes de Messer; el banco se cruza inexorablemente en esa línea y pone en duda su actuación sobre este caso.
La investigación, en definitiva, acorrala al banco Atlas porque la obliga a responder una pregunta esencial para cualquier banco, ¿conocía realmente el origen y la historia económica de los bienes que aceptó administrar?
Recordemos que el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), ya se encuentra acusado y con pedido de juicio oral por la Fiscalía en la causa por lavado de dinero en el caso Leoz-Conmebol.