El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, en entrevista en el programa “Mina en La Tribu”, fue contundente al explicar el origen del caso y el papel que, según la acusación, habría desempeñado el banco Atlas. De acuerdo con su exposición, Nicolás Leoz obtuvo durante años recursos ilícitos mientras estuvo al frente de la Conmebol, perjudicando el patrimonio de la institución. La segunda etapa de la operación, sostuvo, consistió en introducir esos recursos al sistema financiero con mecanismos destinados a dificultar que pudieran ser identificados por los organismos de control.
El dato más sensible apunta directamente al banco Atlas. Lovera señaló por La Tribu 650 AM, que en 2013 Leoz ingresó más de USD 5 millones en efectivo en un corto período, pese a que se trataba de operaciones que, por su volumen y características, debían activar los mecanismos de prevención del lavado de activos. El abogado citó como ejemplo que en febrero de ese año fueron depositados USD 2 millones en apenas tres días, mientras que en marzo se introdujeron otros USD 1.950.000 en un período similar.
Para la representación de la Conmebol, semejante movimiento no podía pasar inadvertido dentro de una institución bancaria sometida a estrictas obligaciones de control.
Ingreso al circuito financiero
El cuestionamiento, por tanto, trasciende a la persona que habría generado los fondos ilícitos. La acusación del Ministerio Público coloca bajo la lupa a quienes tenían la responsabilidad de impedir que esos recursos ingresaran al circuito financiero formal.
En otras palabras, el caso plantea una pregunta de enorme gravedad institucional, ¿cómo pudo una suma superior a los USD 5 millones en efectivo, ser depositada en operaciones de gran magnitud y en lapsos extremadamente breves, ingresar al banco Atlas sin que los controles antilavado actuaran de manera efectiva?
De hecho, están acusados por este caso el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) y los miembros del Directorio, Celio Tunholi, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
Según Lovera, después de recibir esos fondos se constituyeron en certificados de depósito de ahorro y posteriormente se realizaron operaciones de fideicomiso sobre esos bienes. El abogado explicó que la transferencia de la titularidad de los certificados al fideicomiso generaba una estructura que dificultaba que esos activos pudieran ser alcanzados mediante medidas como el secuestro o el comiso dentro de una investigación penal, aunque Leoz mantenía capacidad para disponer de los beneficios.
La gravedad del caso aumentaría aún más, según la representación de la Conmebol, después de que la acusación contra Leoz en Estados Unidos se hiciera pública en mayo de 2015. Lovera señaló que la imputación del Departamento de Justicia estadounidense fue difundida públicamente en Paraguay y que, inmediatamente después, entre el 28 y 29 de mayo, se habrían registrado actuaciones dentro del banco Atlas orientadas a introducir información para justificar operaciones vinculadas a Leoz. Para la Conmebol, este episodio constituye un elemento relevante para entender la dimensión del presunto esquema de lavado dentro de la institución financiera.
El abogado diferenció además dos intereses que confluyen en el proceso. Por un lado, la Conmebol busca recuperar los recursos que considera propios y que habrían sido desviados en perjuicio de su patrimonio. Y, por el otro, existe un interés penal del Estado en determinar si hubo participación, facilitación o incumplimiento de las obligaciones legales antilavado por parte de quienes tenían responsabilidades dentro del sistema financiero. Lovera remarcó que la Justicia tiene la obligación de investigar esa eventual responsabilidad porque se trata de una cuestión penal.
La Fiscalía, según explicó, ya concluyó su investigación y consideró que existen elementos suficientes para formular acusación y solicitar que el caso sea llevado a juicio oral y público. Es precisamente esa instancia la que permitiría confrontar las pruebas, escuchar a los testigos y establecer responsabilidades con pleno ejercicio del derecho a la defensa.
Pero el proceso permanece frenado
Las defensas de los acusados recusaron a los miembros del Tribunal de Apelación y el planteamiento terminó en la Corte Suprema de Justicia. Lovera cuestionó que la recusación permanezca pendiente desde abril y sostuvo que una decisión de este tipo no debería demorar casi cuatro meses. Mientras no se resuelva, la audiencia preliminar que debe definir la elevación del expediente a juicio oral permanece en suspenso.
La Conmebol sostiene que el verdadero debate debe darse en un juicio público, donde acusación y defensa puedan presentar y controvertir las pruebas. El reclamo de la entidad es que las cuestiones procesales no terminen sustituyendo el debate sobre el fondo de una investigación que, por la magnitud de los montos y por la presunta utilización del sistema financiero para introducir y blanquear dinero ilícito, reviste especial gravedad.
El caso, en definitiva, coloca al banco Atlas y a sus directivos frente a una de las preguntas más incómodas del sistema financiero, si los controles destinados a impedir el lavado de activos fueron suficientes y, sobre todo, si quienes tenían la obligación de aplicarlos actuaron con la diligencia exigida por las normas. La respuesta no debería quedar en el terreno de las acusaciones cruzadas. Deberá surgir de las pruebas y de una sentencia judicial.
Para la Conmebol, además, el proceso tiene una dimensión institucional. Lovera recordó que desde 2016 la Confederación ha cuestionado la falta de pronunciamientos en Paraguay sobre hechos vinculados al perjuicio sufrido por la entidad y señaló que este caso representa un primer avance. La expectativa, dijo, es que finalmente existan pronunciamientos sobre el fondo y no que el expediente quede atrapado indefinidamente en incidentes procesales.
La discusión ya no se limita, por tanto, a cuánto dinero habría perdido la Conmebol. El punto central es determinar cómo esos fondos presuntamente ilícitos lograron atravesar los controles de una entidad bancaria, quiénes permitieron su ingreso y qué ocurrió después con esos recursos. Esas son las preguntas que el juicio oral deberá responder si finalmente la Justicia logra destrabar el proceso.