Así lo afirmó su presidenta, Estela Guillén, durante la segunda Convención Bancaria, donde presentó una nueva hoja de ruta orientada a impulsar inversiones sostenibles, infraestructura, fondos de garantía y fideicomisos.
Guillén sostuvo que la AFD debe convertirse en un verdadero “toolkit” para la competitividad del sistema financiero, ofreciendo instrumentos que permitan atender las nuevas demandas de la economía. En ese contexto, anunció la expansión de las líneas de financiamiento para sectores como vivienda, forestación, agro resiliente e inversiones verdes, incluyendo proyectos de eficiencia energética, economía circular y electromovilidad.
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura, una facultad incorporada mediante la nueva carta orgánica de la institución y que permitirá ampliar el alcance de la banca pública de segundo piso hacia iniciativas de mayor impacto económico.
La presidenta también destacó el crecimiento del Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fogapi), que ya acumula cerca de 69.000 garantías emitidas por un valor aproximado de USD 1.700 millones. Explicó que este instrumento continúa ampliando su cobertura con programas dirigidos a educación, vivienda, mipymes y mujeres emprendedoras, mientras se trabaja en la creación de un fondo específico para el sector industrial.
Otro de los ejes expuestos por Guillén fue el fortalecimiento de los fideicomisos como herramienta de financiamiento. Recordó que la AFD ya cuenta con experiencia en la administración de estructuras fiduciarias por más de USD 1.020 millones y adelantó que la intención es expandir este mecanismo tanto para el sector público como para el privado, con fondos destinados a industrias, transporte y pequeñas empresas.
Finalmente, la titular de la AFD sostuvo que el éxito de la institución no debe medirse únicamente por el crecimiento de su cartera de créditos, sino por su capacidad de fortalecer al sistema financiero en su conjunto. En ese sentido, aseguró que el desafío consiste en desarrollar nuevos instrumentos que faciliten el acceso al financiamiento, promuevan inversiones sostenibles y contribuyan a elevar la competitividad de la economía paraguaya.