La defensa pública que el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Benigno López realizó recientemente sobre el contrato de fideicomiso suscrito en el 2017 entre la previsional y el banco Atlas SA encuentra un obstáculo difícil de superar, los informes de auditoría elaborados por la propia institución y por una consultoría externa, cuyos hallazgos cuestionan de manera severa tanto el diseño como la ejecución del millonario mecanismo financiero.
Mientras López sostiene que la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud” buscó dotar de flexibilidad a un contrato “demasiado rígido”, además de afirmar que los recursos administrados debían generar intereses a favor del IPS, los informes técnicos concluyen que esa modificación terminó alterando sustancialmente el objeto original del fideicomiso y permitió que la mayor parte de los recursos fuera destinada a obras distintas de las inicialmente autorizadas.
Proyecto original quedó relegado
El contrato nació con un propósito específico, financiar la construcción y ampliación de cuatro grandes y estratégicos hospitales para fortalecer la infraestructura sanitaria del IPS. Sin embargo, la Auditoría Interna de la previsional concluyó que apenas una fracción de los recursos fue destinada a esas obras prioritarias, mientras que la mayor parte de los desembolsos terminó financiando proyectos no contemplados originalmente.
Los auditores sostienen que alrededor del 76% de los fondos administrados mediante el fideicomiso fueron utilizados para conceptos incorporados posteriormente, situación que desnaturalizó el objetivo para el cual fue aprobado el contrato de fideicomiso por el Consejo de Administración.
Lejos de representar una simple flexibilización administrativa, los informes describen un cambio de fondo que terminó afectando la planificación financiera y la ejecución de inversiones estratégicas para la previsional, debido al descalabro financiero que representó el Punto 5 para el proyecto original.
Controles insuficientes
Entre los aspectos más delicados señalados por las auditorías se apunta al papel desempeñado por el fiduciario. Los informes cuestionan la ausencia de controles suficientes sobre los desembolsos efectuados y advierten que fueron procesados pagos para obras distintas a las previstas originalmente, sin que existieran mecanismos eficaces para verificar el cumplimiento estricto del objeto fiduciario.
Así, por ejemplo, se hicieron desembolsos a personas no autorizadas y no calificadas (no profesionales) por encima de las disposiciones establecidas dentro del contrato. También se realizaron pagos por obras fantasmas, obras sobrefacturadas o inconclusas, lo que revela la discrecionalidad y la falta de control mínimo por parte del ente fiduciario, encargado directo de administrar los recursos asignados a la fiducia.
Inclusive, la auditoría interna señala que dentro del expediente administrativo no fue localizada documentación que acredite la supuesta aprobación previa de la Superintendencia de Bancos respecto a la estructura contractual, un aspecto que también pasó a formar parte de las observaciones institucionales.
Obras inconclusas y deuda millonaria
Las consecuencias del cuestionado fideicomiso siguen teniendo impacto financiero.
Las actuales autoridades del IPS reconocieron la existencia de aproximadamente G. 126.000 millones pendientes para concluir el Hospital Hemato-Oncológico y el Hospital Buongermini, pese a que durante la vigencia del contrato ya fueron desembolsados alrededor de G. 828.800 millones mediante el fideicomiso administrado por banco Atlas.
Para los auditores, esta situación constituye una evidencia de la ineficacia del esquema utilizado, ya que el enorme volumen de recursos transferidos no se tradujo en la culminación de las obras estratégicas que justificaron originalmente la constitución del patrimonio fiduciario.
Explicación que choca con documentos
Las declaraciones de Benigno López buscaron explicar el origen de las modificaciones contractuales y sostener que el fideicomiso permitía administrar con mayor eficiencia las inversiones hospitalarias. Sin embargo, la evidencia documental recopilada por las auditorías presenta un escenario muy distinto.
Los informes no describen simplemente errores administrativos, sino deficiencias en la planificación, modificaciones sustanciales al contrato, falta de controles durante la ejecución y un resultado final que dejó hospitales sin concluir, recursos comprometidos y un fuerte perjuicio operativo para el IPS.
Investigación fiscal en marcha
Los hallazgos ya forman parte de una causa abierta en el Ministerio Público. Autoridades de la Dirección de Auditoría del IPS informaron que los resultados de las auditorías fueron incorporados a la carpeta fiscal como elementos de respaldo para las investigaciones sobre la administración del fideicomiso. La controversia, por tanto, ya no gira únicamente en torno a interpretaciones políticas sobre el contrato impulsado durante la administración de Benigno López. Los documentos técnicos elaborados por la propia previsional han pasado a ocupar el centro del debate y constituyen hoy uno de los principales elementos de análisis del Ministerio Público para determinar si la administración del fideicomiso se ajustó o no a las obligaciones contractuales y al interés patrimonial del Instituto de Previsión Social o significó un multimillonario daño patrimonial para el Instituto.