La interrogante no es menor. El agregado, a última hora según la auditoría interna del IPS, permitió desviar recursos originalmente comprometidos para la construcción de cuatro hospitales estratégicos, hacia otras obras y proyectos que no formaban parte del objetivo central del fideicomiso. El resultado es conocido, hospitales inconclusos, una deuda adicional de más de G. 126.000 millones que el IPS deberá volver a afrontar y una creciente indignación entre los aportantes.
Lo más grave es que, hasta hoy, no existe documentación oficial que demuestre que el Consejo de Administración del IPS haya aprobado formalmente esa modificación sustancial.
Las conclusiones coincidentes de auditorías internas y externas son contundentes. Ninguna logró localizar actas, resoluciones o respaldos documentales que acrediten la existencia de una decisión colegiada que habilitara el denominado “Punto Nº 5”. La Fiscalía, por su parte, tampoco habría encontrado elementos concluyentes que permitan certificar la legalidad de aquella incorporación.
En cualquier estructura institucional seria, la ausencia de semejante documentación habría bastado para suspender la ejecución de cualquier modificación contractual. Sin embargo, en este caso, el mecanismo siguió adelante y terminó alterando el destino de cientos de miles de millones de guaraníes pertenecientes al fondo previsional más importante del país.
La responsabilidad política y administrativa alcanza a las sucesivas autoridades del IPS, pero también coloca bajo la lupa al fiduciario, el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros), ya que la entidad bancaria fue la encargada de administrar los recursos y garantizar el cumplimiento estricto de los fines establecidos en el contrato original.
La figura del fiduciario no es decorativa. Por definición, implica deberes especiales de diligencia, control y protección del patrimonio administrado. Más aún cuando los recursos corresponden a aportes obrero-patronales destinados a la seguridad social.
La pregunta resulta inevitable, ¿cómo pudo ejecutarse una modificación tan trascendental sin que el fiduciario exigiera la documentación que acreditara la aprobación formal del Consejo de Administración?
El principio básico de cualquier fideicomiso establece que el administrador debe actuar conforme a instrucciones válidamente emitidas por el fideicomitente. Si tales instrucciones carecen de respaldo institucional verificable, la prudencia financiera y jurídica obligaba, cuanto menos, a requerir aclaraciones antes de avanzar con la utilización de los fondos.
No hacerlo supone una grave falla en los mecanismos de control o, en el peor de los casos, una aceptación acrítica de decisiones cuya legalidad hoy continúa siendo objeto de controversia.
El resultado económico del esquema es demoledor. Los cuatro hospitales que justificaron originalmente la constitución del fideicomiso no fueron concluidos en los términos previstos. Entre ellos, el Hospital Hemato-Oncológico y el Hospital Buongermini permanecen como símbolos de promesas incumplidas, pese a que los recursos comprometidos alcanzaron niveles históricos.
Paradójicamente, la previsional deberá ahora volver a desembolsar alrededor de G. 126.000 millones para culminar obras que ya formaban parte del proyecto inicial financiado mediante el fideicomiso.
En otras palabras, los aportantes pagarán dos veces por la misma infraestructura.
La situación adquiere una dimensión todavía más preocupante al considerar que el banco Atlas administró un flujo extraordinario de recursos provenientes de la recaudación diaria del aporte obrero-patronal. Diversos cuestionamientos apuntan a la falta de transparencia respecto al tratamiento financiero de esos fondos y a la ausencia de información detallada sobre los rendimientos generados durante los períodos de la administración fiduciaria.
La discusión ya no se limita al incumplimiento de metas constructivas. Se trata de determinar si existieron controles suficientes sobre la utilización de recursos públicos de naturaleza previsional y si el fiduciario cumplió efectivamente con las obligaciones inherentes a su función.
El “Punto Nº 5: Otros centros de salud” se ha convertido en el núcleo del problema. Una cláusula cuya aprobación nadie puede demostrar, pero cuyos efectos alteraron completamente la estructura financiera del contrato y modificaron el destino de G. 800.800 millones.
El mismo expresidente del IPS Benigno López (padre de la criatura), quien firmó el acuerdo fideicomitente con el banco Atlas, aseguró que sabía la existencia de dicha cláusula y dijo que la misma se había introducido para “flexibilizar” el contrato original sumamente rígido.
Sin embargo, la inexistencia de documentación oficial no constituye una simple irregularidad administrativa. Representa un vacío institucional incompatible con los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la administración del dinero de los trabajadores.
Mientras no aparezcan las actas, resoluciones o antecedentes que acrediten la voluntad expresa del Consejo de Administración del IPS, las dudas persistirán. Y con ellas, la sospecha de que uno de los mayores contratos fiduciarios de la seguridad social paraguaya pudo haberse ejecutado sobre una base documental incompleta o inexistente.
El tiempo pasa, las obras siguen pendientes y las explicaciones continúan sin llegar. Pero la pregunta esencial permanece intacta, ¿quién autorizó realmente el cambio que desencadenó el descalabro financiero del fideicomiso y por qué el fiduciario aceptó administrar esos recursos sin exigir la prueba documental que hoy nadie puede encontrar?