Las consecuencias del fraude financiero que sacudió al país también generan preocupación en la Iglesia católica, así lo mencionó monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, quien cuestionó el perjuicio ocasionado a las familias, comerciantes, pequeños emprendedores y a las instituciones públicas, y reclamó que el dinero retenido vuelva en su totalidad a sus legítimos propietarios. También pidió que los responsables sean sometidos a la justicia.
En un mensaje dirigido a los fieles, esta mañana durante la misa en Caacupé el religioso señaló que los últimos acontecimientos financieros involucran a personas que operan en los más altos niveles de conducción del país y que los mecanismos institucionales activados hasta ahora no bastan para responder a la indignación de la ciudadanía.
“La población está muy descontenta por el saqueo de la economía muy humilde de la mayoría de los afectados por esta operación fraudulenta disfrazada de un normal negocio bancario”, afirmó.
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Valenzuela sostuvo que el perjuicio ocasionado por la entidad bancaria ueno afecta directamente a quienes necesitan sus ahorros para alimentación, atención médica, educación y pago de servicios básicos.
“Una vez más nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria de alimentación, de la salud, nuestros estudiantes, del pago de sus servicios básicos y otras necesidades elementales”, expresó.
Cuestionamientos por fondos públicos
El obispo también puso en duda el manejo de los recursos estatales depositados en ueno bank. Afirmó que instituciones públicas comprometieron miles de millones de guaraníes y millones de dólares, algunas de ellas con conocimiento de que la quiebra estaba en camino.
“Ese dinero perdido es también dinero del pueblo”, remarcó, al relacionar los fondos comprometidos con las necesidades desatendidas de la población, entre ellas la provisión de medicamentos para pacientes con enfermedades graves como el cáncer.
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Asimismo, mencionó la indignación de los afectados ante la presunta connivencia de autoridades de alta jerarquía en el hecho. Si bien reconoció la activación de mecanismos políticos e institucionales, insistió en que las medidas deben traducirse en soluciones para las víctimas.
El reclamo también alcanzó a las personas perjudicadas por la mafia de pagarés, quienes, según señaló, siguen soportando las consecuencias económicas de las retenciones de sus salarios.
Solidaridad y exigencia al nuevo gobierno
Valenzuela reclamó la devolución urgente de los fondos a todas las personas estafadas y exigió que los responsables sean sometidos a los rigores de la justicia. Mientras se concreta una respuesta, exhortó a los fieles a acompañar a las víctimas mediante acciones de solidaridad, empatía y fraternidad.
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También propuso realizar ayunos, penitencias y oraciones para que las autoridades encuentren el camino hacia decisiones que permitan reparar el daño. El religioso sostuvo que la ciudadanía no necesita promesas, sino respuestas efectivas. Por ello, dirigió un pedido al presidente, vicepresidente y ministros recientemente electos para que asuman la responsabilidad de atender el caso.
Finalmente, consideró que la crisis representa una oportunidad histórica para sanear el país y recuperar la justicia para quienes perdieron sus recursos.