La crisis de Ueno Bank golpea a un entramado empresarial que incluye finanzas, tecnología, medios de pago y comunicación. El Grupo Vázquez se presentaba como un conglomerado de más de 20 empresas y 5.500 colaboradores directos. Hoy enfrenta restricciones judiciales, deterioro crediticio y conflictos laborales, aunque la situación debe distinguirse empresa por empresa.
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso el 6 de noviembre la inhibición de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas de diez sociedades: ITTI, Grupo Vázquez, REDISA, REDIPRO, SATEC, HD Invest, Technoma, La Tropa Fletes, Factopar y Kasas Propiedades. Las medidas buscan preservar activos; no equivalen a una condena ni al cierre automático de todas las firmas.
La investigación revisa préstamos, transferencias y operaciones entre sociedades. Entre las mencionadas aparecen Mowi, Grupo Hendy, Grupo M y Vinanzas. Esta última habría adquirido una cartera de USD 74,4 millones con recursos originados indirectamente en el propio banco, según la hipótesis fiscal. FIX, además, rebajó a categoría C en escala nacional las calificaciones del Grupo Vázquez e ITTI.
En la causa inicial hay 27 imputados. Entre los ocho integrantes del directorio y la sindicatura están Federico Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte, Miguel Ángel Almada, Diana Leticia Mongelós y Mariana Isabel Torres. Se investigan presunta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Los primeros cinco fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú. Para Almada se dispuso reclusión en Emboscada. Mongelós y Torres recibieron arresto domiciliario con tobilleras. Son medidas cautelares: las responsabilidades penales aún deben probarse.
El frente laboral tiene otra dimensión. En su pedido de asistencia a la Defensa Pública, el Ministerio de Trabajo señaló que las empresas vinculadas emplean a unos 5.000 trabajadores cuya situación quedó comprometida. Las inspecciones detectaron locales cerrados, personal sin ocupación efectiva y ausencia de procedimientos formales de desvinculación. No es un registro de 5.000 despidos consumados.
Los problemas alcanzan a VMedia, donde se reportó unos 200 trabajadores afectados por suspensiones anunciadas por 90 días sin sueldo. En Argentina, empleados de ITTI denunciaron suspensiones de 30 días sin remuneración. Son situaciones laborales diferentes, que no deben sumarse como si fueran cesantías definitivas.
Una convocatoria de colaboradores afectados anuncia una manifestación el lunes, a las 8:00, frente al Ministerio de Trabajo. El afiche no precisa día del mes ni identifica a sus organizadores. El reclamo concentra una urgencia: saber quién responderá por salarios, contratos y liquidaciones mientras la Justicia busca preservar el patrimonio y esclarecer las operaciones.