En cumplimiento de las sentencias y compromisos asumidos por el Estado paraguayo ante instancias de derechos humanos, el Ministerio de Justicia desarrolló la Novena Jornada de Asistencia a Víctimas correspondiente al Caso N.º 11.666, caratulado “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, conocido públicamente como el Caso Panchito López.
El operativo institucional fue coordinado por el Viceministerio de Justicia a través de profesionales de la Dirección General de Derechos Humanos, quienes conformaron una comitiva interdisciplinaria junto con equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Las labores se desplegaron en el Centro Nacional de Prevenidos y en la Unidad Penitenciaria La Esperanza.
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Durante las intervenciones en ambos recintos, los funcionarios brindaron atención personalizada, espacios de escucha y orientación legal y psicosocial a las víctimas individualizadas en el proceso. Asimismo, se procedió a un exhaustivo relevamiento de requerimientos cotidianos para articular los tratamientos de salud y procesos educativos pertinentes.
Como respuesta a las necesidades inmediatas de habitabilidad de los beneficiarios, el Ministerio de Justicia hizo entrega de kits de descanso compuestos por colchones, frazadas, sábanas y almohadas, buscando elevar las condiciones de dignidad y bienestar en su lugar de reclusión.
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Contexto histórico: qué fue el caso “Panchito López”
El Instituto de Reeducación del Menor “Coronel Panchito López” funcionó en Asunción como un centro de reclusión juvenil caracterizado por condiciones infrahumanas y una severa crisis estructural. Con una capacidad prevista para un grupo reducido de adolescentes, la institución llegó a albergar a más de 300 internos, careciendo de programas formativos, clasificación por edades o gravedad de faltas, y con nula atención médica.
Entre los años 2000 y 2001 se desataron tres incendios en el recinto; el más grave ocurrió el 25 de julio de 2001, provocando la muerte de 12 menores de edad y dejando a decenas de heridos con secuelas físicas y traumatológicas.
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En septiembre de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la violación de derechos fundamentales —como la vida, la integridad, la salud y las garantías procesales—, sentando una jurisprudencia histórica que ordenó reparar a las víctimas y transformar el sistema penal adolescente.
Las jornadas actuales dan continuidad periódica a dicho mandato internacional, ratificando la obligación estatal de garantizar asistencia integral, seguimiento individualizado y trato digno a los sobrevivientes.