Para ciertas voces, un censo exclusivo para la comunidad LGBTQ+ podría parecer un triunfo histórico. Sin embargo, un análisis del actual distanciamiento entre las bases ciudadanas y las organizaciones que afirman representarlas en Paraguay, revela que esta iniciativa no resulta factible ni conveniente.
Aunque el objetivo de proteger a personas vulnerables es loable, gran parte de esta demografía ya no se siente identificada con colectivos que parecen haberse reducido a marchas esporádicas, alejándose de la verdadera cultura comunitaria de resistencia y solidaridad.
El principal cuestionamiento a esta medida radica en un principio constitucional básico, el derecho a la privacidad. Ningún ciudadano debe ser empujado a “salir del clóset” mediante un escrutinio estadístico. Por más que se prometa estricto anonimato, la sola ejecución de este registro roza la vulneración de la intimidad. A esto se suma una evidente paradoja operativa, si las identidades se mantienen ocultas para proteger a los censados de posibles discriminaciones, resulta incomprensible cómo las organizaciones pretenden canalizar una ayuda directa y efectiva hacia ellos.
Por otro lado, un censo focalizado peca de ignorar la profunda complejidad de la sociedad. Existen individuos que tienen una doble vida, y aparecen ante la sociedad como heterosexuales, que no son, pero jamás accederían a participar en esta encuesta. En consecuencia, estas personas quedarían fuera del registro, pero seguirían expuestas a problemáticas de salud pública, como las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
El panorama es aún más delicado respecto a la población transexual, un sector que ya libra duras batallas cotidianas por la inserción laboral y el respeto. Un censo corre el grave riesgo de generar revictimización. La disyuntiva estadística de tener que registrar a estas personas según su sexo biológico, por exigencias médicas y fisiológicas de los formularios, entraría en conflicto directo con su identidad de género, reabriendo heridas innecesarias.
La concepción de este censo puede ser valiente, pero su enfoque es errado. Antes de exponer a la ciudadanía, las organizaciones deben colaborar con el Estado, que es el ente obligado a velar por el bienestar general y a garantizar que los derechos dejen de ser una promesa.
Los ciudadanos, sin importar su opción sexual, son individuos que aportan a la sociedad, profesionales que salvan vidas, trabajadores que construyen una nación mejor y partes vivas de la idiosincrasia de Paraguay. Un censo LGBTQ+ no es una herramienta de inclusión, sino un mecanismo que corre el riesgo de apartar aún más a este sector. Esta población no necesita ser relegada a una estadística de nicho, demanda, por el contrario, ser reconocida como parte integral, indivisible y completa de una nación unida.