En una sesión anterior, el ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, explicó que en el informe presentado detectaron una serie de irregularidades en la actuación de la magistrada, todas relacionadas con el esquema de estafas que afecta a muchas personas y en el que la jueza aparentemente participó directamente en varios casos.
“No habría dado trámite a recusación sin expresión de causa presentada en cinco expedientes sin que a la fecha de la audiencia el Juzgado haya dictado resolución alguna”, explicó el ministro.
En otro momento dijo que se montaron acciones legales en contra de personas sin siquiera haber tenido la firma de la parte actora de la demanda.
También se pudo comprobar que la magistrada permitió a sus funcionarios infringir las disposiciones legales y administrativas, un hecho considerado sumamente grave.
Según la auditoría realizada en el juzgado de la magistrada, habría expedientes en los cuales no se dictó la providencia de citación a demandados para que ejerzan sus defensas mediante excepciones, pero siguieron los trámites hasta dictar sentencia definitiva.
Además, se hallaron providencias, oficios, mandamientos de intimación de pago y actas sin fecha, con las firmas de la magistrada y de las actuarias en una abierta violación del Código Procesal Civil.
