La exsenadora Kattya González afirmó en la víspera que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sufrieron un arrodillamiento institucional absoluto ante el poder político mayoritario al rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida contra su expulsión parlamentaria, declaraciones vertidas en el programa Justicia al día por La Tribu 650 AM.
La abogada del foro paraguayo calificó de agraviante el dictamen judicial de la máxima instancia y argumentó que el fallo mayoritario otorga de manera peligrosa un cheque en blanco a las bancadas oficialistas para legitimar futuras arbitrariedades.
El proyecto de vida de la referente legislativa fue interrumpido de forma abrupta mediante un libelo acusatorio exprés que se tramitó en una sesión extraordinaria de tan solo 4 horas y 21 minutos de debate en el recinto.
La exparlamentaria iniciará los trámites legales correspondientes para recurrir ante los tribunales internacionales de derechos humanos, buscando evidenciar las graves vulneraciones procesales cometidas por la cámara alta durante el periodo constitucional del año 2024.
Análisis crítico de las argumentaciones jurídicas particulares de los ministros de la corte
La accionante desglosó el voto emitido por el magistrado Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz, señalando como un sinsentido jurídico la tesis de que el parlamento posee atribuciones de autonomía política absoluta para inaplicar sus propios reglamentos vigentes.
El argumento judicial del ministro Esteban Kriskovich de Vargas fue severamente criticado por la afectada al exigir un recurso previo de reconsideración interna dentro de la cámara, desconociendo el despliegue policial que impidió su ingreso al despacho.
La postura técnica de la mayoría de los ministros se fundó en que la resolución reglamentaria número 429 del año 2023 no se encontraba vigente el 14 de febrero por una supuesta falta de aprobación de actas.
La defensa política demostró que los magistrados perdieron de vista la realización de una sesión extraordinaria intermedia celebrada en diciembre de ese año, provocando un error conceptual en cascada que invalidó el análisis del debido proceso.
Posturas minoritarias sobre la competencia electoral y la violación de las garantías constitucionales
El ministro Víctor Ríos emitió un dictamen diferenciado de corte institucional donde argumentó que la cámara alta violó el debido proceso consagrado al privar de manera fáctica a la afectada de un plazo razonable para ejercer su defensa.
La resolución judicial de minoría incorporó conceptos de filosofía del derecho para recordar que la Constitución Nacional debe operar siempre como un límite estricto ante los desbordes del poder de los sectores políticos de turno.
El magistrado Gustavo Santander Dans votó en consonancia expresando que la Cámara de Senadores carece de competencia constitucional originaria para sancionar el uso indebido de influencias, siendo esta una potestad exclusiva de la justicia electoral.
La proclamación oficial realizada por el tribunal electoral otorga la titularidad de las bancas a los legisladores, por lo cual los procesos de remoción definitivos deberían tramitarse mediante mecanismos de juicio ordinario ante los magistrados competentes.
Trayectoria dirigencial en el foro paraguayo y el origen de las denuncias legislativas
La dirigente política rememoró sus inicios profesionales tras egresar en el año 2001 de la Universidad Católica, ejerciendo el gremialismo civil antes de ingresar a la concejalía de Villa Elisa en el periodo 2006 a 2010.
La carrera legislativa inició formalmente en el año 2017 al acceder a la Cámara de Diputados reuniendo más de 54.000 votos, logrando posteriormente acceder al senado en el año 2023 con 101.000 votos preferenciales.
Las alertas políticas se encendieron en el congreso cuando su equipo de trabajo inició pedidos de informes documentados que descubrieron inconsistencias severas en los títulos universitarios de abogados de legisladores del sector oficialista de la nación.
La investigación parlamentaria detectó la existencia de una red de educación superior dedicada a la validación exprés de carreras de derecho y medicina, donde el 60 por ciento de los egresados corresponden a funcionarios públicos.
Regularidad de los comisionamientos del equipo técnico y rechazo a las causales acusatorias
La exsenadora Kattya González ratificó la solvencia profesional de su equipo asesor, rechazando las causales de supuesta inducción al cobro indebido de honorarios que fueron invocadas por la plenaria cartista para consumar su destitución.
La prestadora de servicios Soledad Blanco, máster en sistemas organizacionales y becaria del programa estatal Becal, se desempeñaba de forma independiente emitiendo facturas legales con el impuesto al valor agregado correspondiente a sus productos entregados.
El funcionario público José Luis Torales contaba con un comisionamiento legal firmado de puño y letra por la propia presidencia del congreso y las autoridades superiores de la Contraloría General de la República.
El asistente personal César Portillo pertenecía originalmente al staff permanente de la banda de músicos de la institución policial, desempeñando labores de asistencia administrativa regular bajo el amparo de los convenios de comisionamiento interinstitucional.
