El abogado Víctor Bogado afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó la reincorporación de la oposición representa el desenlace previsible de una serie de precedentes judiciales consolidados en el parlamento paraguayo.
El exsenador nacional calificó como una muestra de hipocresía política el malestar expresado por diversos sectores ciudadanos y mediáticos que en periodos anteriores impulsaron con fuerza la aplicación de los mismos mecanismos de expulsión legislativa exprés.
La remoción de autoridades electas por el voto directo carece de un marco de revocatoria de mandato en la Constitución Nacional, convirtiendo a estas destituciones en herramientas de garrote político utilizadas por las mayorías coyunturales del congreso.
El exdirigente legislativo recordó las crisis institucionales registradas en el periodo del año 2008, cuando la plenaria del senado desconoció abiertamente los fallos judiciales de la máxima instancia que habilitaban la incorporación de candidatos electos.
Precedentes de suspensión parlamentaria y la aplicación retroactiva de causales administrativas
Este análisis histórico sobre la degradación de las garantías parlamentarias en las cámaras fue expuesto por el abogado Víctor Bogado en el espacio, El programa ese por La Tribu 650 AM, desglosando los vicios de forma cometidos por las mesas directivas.
El exparlamentario remarcó que los reglamentos internos tradicionales contemplaban como sanción máxima una suspensión de 60 días de las funciones legislativas, medida que requería el voto conforme de las dos terceras partes del cuerpo colegiado.
La bancada mayoritaria rompió dicho equilibrio normativo en los periodos recientes para implementar de manera discrecional la pérdida de investidura, afectando de forma directa la representación de las minorías políticas en el senado paraguayo.
La causa penal impulsada en su contra juzgó conductas de carácter administrativo desarrolladas en el año 2013, aplicando la sanción de expulsión de manera retroactiva tras haber completado un periodo completo en la cámara alta.
Violación del debido proceso formal y las contradicciones judiciales en el caso de la niñera de oro
El afectado denunció que su destitución se consumó violando el requisito constitucional que exige el aval escrito del 25 por ciento de la plenaria, requiriéndose la rúbrica de 11 legisladores para formalizar el libelo acusatorio en comisión.
El proyecto de resolución que determinó su salida del congreso nacional ingresó al debate con apenas 2 firmas de parlamentarios proponentes, privándolo además del derecho básico de contar con un plazo razonable para ejercer la defensa.
La figura jurídica del tráfico de influencias fehacientemente comprobado contemplada en el artículo 191 fue desnaturalizada por la plenaria al juzgar una supuesta complicidad en el cobro indebido de honorarios del sector público.
El tribunal de sentencia absolvió posteriormente al jefe de gabinete Miguel Pérez, principal responsable administrativo del manejo de personal, dejando en evidencia las contradicciones legales de la condena penal dictada en su contra.
Presiones hacia los magistrados del poder judicial y la publicación del chat de disculpas
El abogado Víctor Bogado reveló detalles de su publicación editorial editada el año pasado, donde incluyó capturas de pantalla de las comunicaciones mantenidas con el presidente del tribunal penal encargado de dictar su condena de culpabilidad.
El magistrado judicial remitió un mensaje de disculpas personales al día siguiente de la lectura de la sentencia, argumentando haber sufrido presiones políticas extremas de perder el cargo y no poder sostener a su entorno familiar.
La opinión pública fue direccionada mediante un juicio mediático paralelo orquestado por corporaciones empresariales de la comunicación que operan como grupos de presión económica para defender intereses comerciales específicos dentro del mercado paraguayo.
Las bancadas corporativas responden a agendas sectoriales en el congreso nacional, utilizando la criminalización de la política para desplazar a figuras electas de forma independiente que bloquean la concesión de licitaciones o grandes negocios estatales.
Demandas activas ante el sistema interamericano y la ineficacia inmediata de la inconstitucionalidad
El exsenador advirtió a los referentes de la oposición actual que la Sala Constitucional carece de potestades jurídicas de reenvío para forzar la restitución inmediata de una banca retirada por la soberbia del poder político.
La demanda internacional promovida por su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple 5 años de tramitación procesal, estimando que su caso obtendrá una resolución de fondo antes de los planteamientos recientes.
Las resoluciones políticas del congreso nacional han sido declaradas históricamente como actos no justiciables por la mayoría de los ministros de la corte, registrándose fallos de 9 a 0 en las acciones promovidas con anterioridad.
La clase política paraguaya debe recuperar la seriedad institucional de las cámaras legislativas para frenar el deterioro democrático provocado por los pactos y mayorías artificiales que se consolidaron en los periodos de gestión precedentes.
