SAN JUAN DEL PARANÁ, Itapúa. La fiscalía del crimen allanó una escribanía en este distrito en el marco de una investigación de transferencias irregulares de inmuebles vinculados al caso del asesinado diputado Eulalio “Lalo” Gómez. El local allanado es la escribanía “Ayala Britez”, de donde se incautaron copias de documentos, protocolos de transferencias y copias del sistema informático.
El fiscal Enrique Fornerón, de la unidad especializada contra el crimen organizado del Ministerio Público en Encarnación, encabezó el allanamiento. El local allanado se encuentra ubicado en las afueras de este distrito, sobre la ruta PY01 “Mcal. Francisco Solano López”, a unos nueve kilómetros de Encarnación, capital del departamento de Itapúa.
Allanamientos simultáneos
El operativo formó parte de una serie de allanamientos en simultáneo que fueron ejecutados en el departamento de San Pedro y las ciudades de Areguá, Fernando de la Mora y San Lorenzo (departamento de Central).
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Según trascendió, en esta escribanía se habría centrado todo el operativo de producción de documentos falsos, transferencia de inmuebles afectadas con medidas cautelares y bajo tutela judicial.
La investigación busca identificar a los responsables de las transferencias de inmuebles y establecer a nombre de quién realizaron las operaciones, con el fin de ocultar patrimonios sujetos a comiso por parte del Estado.
En el marco de esta investigación, a fines de julio pasado el ministerio público imputó a una funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez, por presuntamente alterar datos en los Registros Públicos.
También están imputados en la misma causa el abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del diputado Eulalio Gómez, y un hijo de este, Alexandre Rodríguez Gómez.
Alexandre Rodríguez enfrenta cargos por asociación criminal y lavado de dinero, y permanece detenido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), cárcel regional de Itapúa, a donde lo trasladaron desde la Agrupación Especializada de la Policía Nacional el 28 de agosto pasado.
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El caso saltó cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso, a mediados de julio pasado, una auditoría en la Dirección de Registros Públicos tras una denuncia de que se habría levantado en forma ilegal una inhibición que pesaba sobre Alexandre Rodríguez para que proceda a transferir cuatro propiedades a favor del abogado Tuma.
