Juez admitió imputación contra el abogado Óscar Tuma; Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio "Lalo" Gomes; y Alcira Rodríguez, funcionaria de Registros Públicos, por sospecha de lavado de activos.
La jueza Rosarito Montanía del Crimen Organizado admitió la imputación fiscal contra el abogado Óscar Tuma; Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio "Lalo" Gomes, y Alcira Rodríguez, funcionaria de Registros Públicos.
La Fiscalía sospecha que los tres procesados tuvieron la intención de realizar lavado de activos, al realizar transferencia de un inmueble que tenía la prohibición para este trámite, y también por contar con informes que revelan datos irregulares.
La Fiscalía solicitó audiencia para los citados. La jueza accedió al pedido y citó a los mismos, en forma separada, empezando con la funcionaria de Registros Públicos. La audiencia para ella está fijada para el 17 de septiembre de 2025; para el abogado, Óscar Tuma, el 18 de septiembre de 2025, y para Alexander Gomes el 19 de septiembre de 2025.
Tuma había explicado que él es el abogado de la familia Gomes y que recibió un inmueble como parte de pago por sus honorarios. En este caso, la Fiscalía investigó que el inmueble no estaba habilitado para ninguna transferencia, porque hay un juicio vigente (caso Pavo Real) que lo impide.
Dentro de la causa Pavo Real, Alexandre Rodrígues Gomes es investigado por hechos punibles de narcotráfico internacional y lavado de activos.
Por otra parte, con respecto a la funcionaria de Registros Públicos, la Fiscalía sospecha que ella alteró los datos del inmueble para que aparezca como no cuestionado y que el Registro Público otorgue un informe de condición de dominio válido para la transferencia.
Los fiscales Francisco Cabrera, José Martín Morínigo y Diana Gómez fueron quienes imputaron a los tres, ahora procesados, el 24 de julio de 2025 dentro de la causa conocida como "Pavo Real", en la cual investigan supuesto lavado de activos.
La defensa de los procesados cuestionó la competencia de la jueza Rosarito Montanía. Los incidentes siguieron hasta que el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal de la Corte confirmó la competencia de la magistrada.
Sin perder tiempo, la jueza Rosarito Montanía admitió la imputación en contra de los procesados y fijó las fechas de audiencia para cada uno de ellos, en la forma señalada más arriba.
Jurídicamente, la funcionaria de Registros Públicos está imputada por hechos punibles de alteraciones de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteraciones de datos relevantes para la prueba.
