Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción refieren que las deudas estatales que ascienden entre los USD 200 millones y USD 250 millones deben ser cubiertas para poder continuar con las obras estatales.
El sector de la construcción, aparentemente, atraviesa una serie de dificultades que revisten gravedad para cumplir con sus compromisos pautados para finales de año, esto se debe a los pagos que debe desembolsar el Estado, así como insuficiencias en los fondos asignados.
Con el objetivo de conocer más sobre esta situación, desde La Tribuna conversamos con el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Heisecke, quien mencionó que existen muchas aristas que socializar en el marco de la contracción.
En primer lugar, habló sobre los retrasos prolongados en los pagos, mencionando que se ha generado un estrés generalizado en toda la cadena de valor.
“Las empresas constructoras se ven imposibilitadas de cumplir con sus proveedores, sus obligaciones bancarias y los compromisos adquiridos para sostener las obras. Esto provoca baja de calificaciones crediticias, restricciones para acceder a nuevas líneas de financiamiento y un efecto dominó que llega hasta proveedores y subcontratistas, quienes a su vez enfrentan dificultades para pagar a sus empleados y cumplir con sus obligaciones financieras.
“La crisis no es un riesgo futuro, ya está ocurriendo, y varias empresas se encuentran en procesos de convocatoria de acreedores ante la falta de liquidez”, explicó.
De la misma forma, mencionó que la deuda acumulada asciende entre los USD 200 millones y USD 250 millones, correspondientes a certificados de obras. A eso se le suma aproximadamente USD 110 millones en intereses acumulados que continúan creciendo.
“Estos intereses corresponden a compromisos ya cubiertos por las empresas, pero que aún no fueron reconocidos ni cancelados por el Estado, pese a tratarse de obligaciones contractuales establecidas incluso en la Ley de Contrataciones Públicas.
Manifestó que las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas por la falta de pago. Muchas tienen entre 20 y 30 años de trayectoria y hoy se encuentran ahogadas financieramente, sin capacidad de sostener sus operaciones.
Asimismo, aclaró que la postergación del pago de intereses les afecta de manera crítica porque son compromisos que debieron asumir en su momento para poder seguir trabajando, bajo la confianza de que el Estado honraría sus obligaciones.
“Varias de ellas ya enfrentan escenarios de insolvencia y están atravesando dificultades serias para mantener a sus equipos y continuar con las obras”, destacó.
Terminó diciendo que el primer paso indispensable para continuar con los proyectos es un sinceramiento real de las deudas del Estado con el sector.
“Reconocemos la voluntad de cumplir con la Ley que fija el tope del déficit fiscal, pero la realidad actual del país exige revisar ese marco, porque hoy no responde a las necesidades operativas ni a la situación económica del Paraguay. Luego de ese sinceramiento, es fundamental establecer un plan de pagos inmediato, claro y ejecutable, que permita regularizar las obligaciones pendientes y dar previsibilidad al sector para continuar con las obras que el país necesita”, concluyó.