En la mañana de este jueves, una comitiva del Ministerio Público encabezada por la fiscal Fabiola Sosa, junto con agentes del Departamento contra el Crimen Organizado liderados por el comisario Luis López, se encuentra interviniendo la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, ubicada sobre las calles Estados Unidos y República de Colombia, en Asunción.
El procedimiento se lleva a cabo en la oficina que ocupaba el exdirector general, coronel Rubén Peña, removido de su cargo por el Ministerio de Justicia tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
El jefe de la unidad policial interviniente, comisario Luis López, explicó en el lugar que la orden judicial busca requisar expedientes, equipos informáticos y registros administrativos para trazar la responsabilidad de las autoridades penitenciarias, no solo en la falla de custodia de Emboscada, sino también en el manejo general de los traslados y las celdas de privilegio otorgadas a reclusos vinculados al crimen organizado.
“Es un allanamiento con orden judicial encabezado por la fiscal de la causa. Nos interesa verificar todo el manejo de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que es la que debe canalizar y dinamizar el movimiento en todos los penales del país”, precisó el comisario Luis López.
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Documentaciones incautadas posibilitarán determinar responsabilidades
El jefe policial sostuvo que los documentos incautados permitirán reconstruir las órdenes internas escritas y verbales emitidas desde la dirección general y la unidad de inteligencia penitenciaria, evaluando cómo operaba el esquema de traslados y acomodamientos VIP.
“Buscamos establecer todo lo relacionado a la función específica de cada actor: del director penitenciario, del director de inteligencia y de la dirección general; cómo se trazaban las órdenes y de quién provenían para los traslados y el movimiento de los reos. Esas documentaciones nos llevarán a determinar la responsabilidad de cada persona”, remarcó López.
Ejes del procedimiento e hipótesis de trabajo
El despliegue en las oficinas administrativas del sistema penitenciario contempla las siguientes líneas de investigación:
-Auditoría de órdenes de traslado: Incautación de notas y resoluciones para identificar a los firmantes de las autorizaciones que permitieron la circulación de reclusos en módulos de máxima seguridad.
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-Red de privilegios en celdas: Levantamiento de evidencias sobre las irregularidades detectadas en la custodia de al menos siete internos vinculados al operativo A Ultranza Py, quienes ocupaban sectores diferenciados.
-Análisis de responsabilidades: Verificación de las actuaciones operativas del exdirector Rubén Peña y del subcomisario Derlis Cáceres, reasignado a inteligencia penitenciaria.