La violencia intrafamiliar representa el 80% de las llamadas de emergencia atendidas diariamente a través del Sistema 911, promediando de 40 a 90 reportes por jornada y alcanzando picos de hasta 111 denuncias durante los domingos. Así lo confirmó el director de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (ONDEC), Omar Cubas Fanego, en comunicación con Espresso Informativo de la 650 AM, al detallar los datos estadísticos relevados entre enero y octubre de 2026.
De acuerdo con el cruce de datos entre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, actualmente existen 4.503 medidas judiciales de prohibición de acercamiento vigentes a nivel país. De este total, el 33% se concentra en el departamento Central, seguido por Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Capital, Guairá, Canindeyú y Presidente Hayes.
Tecnología preventiva y respuesta rápida
Para contrarrestar esta problemática, el Gobierno nacional impulsa la aplicación de la Ley N° 7270/2024 a través de las tobilleras electrónicas conectadas a la Unidad de Monitoreo Ambulatorio (UMA), un dispositivo celular especial asignado de forma totalmente gratuita a las víctimas.
El sistema funciona con un rastreo GPS de 24 horas a cargo de 57 operadores que vigilan las alertas en tiempo real. Al detectarse un traspaso del perímetro de seguridad dictaminado por el juez de la causa, la plataforma emite una alarma simultánea en el teléfono de la víctima y despide la alerta a la patrulla o al Grupo Lince más cercano.
“Hasta la fecha tenemos cero reincidencia en las personas monitoreadas. En promedio, tras dispararse la alarma, la Policía está llegando al lugar en un rango de entre 5 a 7 minutos. El sistema funciona como una herramienta preventiva real”, aseveró Cubas Fanego.
Costo del sistema e incentivo de uso
En la actualidad, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, de las cuales unas 240 a 250 se encuentran en uso constante de las cuales, 57 fueron asignadas de manera permanente a procesos por violencia doméstica y el resto para beneficiarios de salidas ambulatorias de reinserción.
El costo del monitoreo asciende a G. 2.606.000 mensuales. Si el procesado demuestra su insolvencia económica mediante declaración jurada, el costo es totalmente exonerado por el Estado. En contraste, mantener a una persona privada de libertad en un centro penitenciario le cuesta al erario público entre G. 3.500.000 y G. 4.000.000 al mes.
Las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Mujer insistieron en incentivar a las víctimas y profesionales del derecho a solicitar ante los juzgados la aplicación de las tobilleras electrónicas para garantizar la efectividad de las órdenes de restricción.