El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó ante los diputados Rocío Vallejo y Jorge Ávalos Mariño un anteproyecto de modificación legal que busca establecer el uso obligatorio de tobilleras electrónicas ante denuncias de violencia familiar.
La propuesta apunta a fortalecer las medidas de protección para las víctimas y ampliar las herramientas de control sobre las personas denunciadas.
La iniciativa plantea que la utilización de estos dispositivos no dependa de que el denunciado cumpla prisión domiciliaria. Con este cambio, se busca reforzar el cumplimiento de las órdenes de restricción y prevenir que las personas denunciadas se acerquen a las víctimas.
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La presentación se realizó tras una reunión de trabajo interinstitucional organizada por la diputada Rocío Vallejo, que convocó a representantes de distintas instituciones para analizar la situación del feminicidio en Paraguay, mejorar la coordinación entre las autoridades y avanzar en una ruta unificada de actuación frente a estos casos.
El encuentro tuvo lugar este viernes en el auditorio Augusto Roa Bastos de la Biblioteca del Congreso Nacional. Participaron el diputado Jorge Ávalos Mariño; el ministro del Interior, Enrique Riera; y la ministra de la Mujer, Alicia Pomata; además de representantes de instituciones vinculadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Aunque el anteproyecto busca ampliar el alcance de esta herramienta, la normativa vigente ya faculta a los jueces a convocar a personas que cuentan con órdenes de restricción y disponer el uso de tobilleras electrónicas para controlar que no se acerquen a las víctimas.
En ese contexto, la propuesta apunta a reforzar el mecanismo mediante una modificación legal que establezca la obligatoriedad de estos dispositivos ante denuncias de violencia familiar, sin que su aplicación quede supeditada a una medida de prisión domiciliaria.
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Buscan una ruta de actuación conjunta
La reunión interinstitucional también tuvo como objetivo mejorar la coordinación entre las entidades responsables de prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
El anteproyecto deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de que sus disposiciones puedan incorporarse al marco legal vigente. Su alcance definitivo dependerá del tratamiento que reciba en el Congreso Nacional y del texto que eventualmente sea aprobado.
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