En un operativo encabezado por el fiscal Alcides Jiménez Zorrilla en el barrio Remancito de Ciudad del Este, el Ministerio Público incautó un lote de máquinas de criptominería que operaban en forma clandestina enganchadas a la red de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El procedimiento se desencadenó tras reiteradas denuncias de los vecinos de la zona por constantes cortes de luz provocados por el consumo intensivo de los equipos, detalló Jiménez este lunes en declaraciones a La Tribu 650 AM.
La investigación apunta al propietario de la vivienda donde funcionaban las máquinas como principal responsable penal de la instalación ilegal.
Durante la intervención, la representación fiscal constató que los responsables utilizaban una modalidad operativa adaptada para evadir los controles.
Según detalló el agente fiscal, tras las modificaciones legislativas que aumentaron las penas para el sector, los grupos delictivos dejaron de conectarse a líneas de media tensión en grandes depósitos para instalar pequeñas granjas ocultas en barrios residenciales o asentamientos de difícil acceso.
Esta “ingeniería delincuencial” permite a los operadores conectarse directamente a la red de baja tensión de los vecindarios, consumiendo la energía destinada al uso domiciliario y saturando los transformadores locales.
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Penas de hasta 10 años de cárcel y comiso de bienes
El caso es investigado bajo la figura penal de sustracción de energía eléctrica, en el marco del artículo 173 del Código Penal, modificado por la Ley N° 7300.
Entre los puntos clave del procedimiento y el marco legal destacan la nueva normativa incrementó la sanción máxima por la sustracción de energía, pasando de 2 a 10 años de pena privativa de libertad.
Asimismo, la totalidad de los elementos incautados, máquinas de procesamiento, conductores y transformadores, serán puestos a disposición de la Senabico para su posterior comiso o subasta.
Así también, los técnicos de la ANDE realizarán el relevamiento histórico del consumo de la línea para cuantificar el perjuicio económico causado a la estatal.
Las autoridades adelantaron que continuarán con los controles en la zona del Alto Paraná para desmantelar este tipo de conexiones irregulares que dañan la infraestructura eléctrica y afectan la provisión del servicio a la ciudadanía.