Todo comenzó cuando vecinos de la mencionada zona alertaron a la policía sobre extraños y persistentes ruidos que provenían de un inmueble cercano, esta situación hizo a que personal de la subcomisaría acuda al lugar para verificar la situación y constató que, en efecto, el fuerte sonido salía de una de las habitaciones de la vivienda.
Ante dicho episodio, los agentes solicitaron la inmediata intervención de técnicos de la Administración Nacional de Electricidad para realizar las verificaciones técnicas correspondientes en el lugar y luego de la inspección conjunta, se confirmó que dentro del inmueble funcionaba una instalación dedicada a la minería de criptomonedas, el propietario de la vivienda, ante la evidencia, autorizó de manera voluntaria el ingreso de los efectivos y el retiro de los equipos hallados en el lugar.
En este sentido, la policía interviniente informó que en total fueron incautadas 25 máquinas utilizadas para la criptominería, un número que da cuenta de la magnitud de la instalación que operaba de forma irregular en la vivienda.
Tras la conclusión del procedimiento en cuestión, se labró el acta correspondiente conforme a las disposiciones legales vigentes y el caso fue comunicado de manera inmediata al Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades derivadas de esta actividad.
Desde la Policía Nacional remarcaron que esta intervención se enmarca dentro de las acciones que se vienen ejecutando para detectar y frenar el uso irregular de energía eléctrica, una práctica que suele estar directamente vinculada a las operaciones de minado de criptomonedas que proliferan en la región fronteriza.
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En paralelo, la Ande viene impulsando acciones contra instalaciones clandestinas que utilizan electricidad sin autorización, en junio de este año, un Tribunal de Sentencia condenó a dos hombres a dos años de prisión por el robo de energía eléctrica destinado a alimentar una granja clandestina de criptominería en Minga Guazú, caso en el que la estatal había denunciado un perjuicio millonario.
Incluso, la propia ANDE analiza utilizar equipos incautados en operativos contra la criptominería ilegal para un eventual proyecto de minería de Bitcoin, buscando transformar parte de esos bienes decomisados en una fuente de ingresos para la institución.