La mañana del 4 de mayo de 2026 parecía transcurrir con normalidad en el estacionamiento de la estación de servicios Petropar, ubicada sobre la Ruta 6 Doctor Juan León Mallorquín, en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, cuando el sitio se convirtió en escenario de un millonario robo que movilizó durante días a los investigadores de la policía de Itapúa. La víctima identificada fue Rogelio Luis Uzain Peralta, quien se desempeña como encargado administrativo y de cuyo poder los asaltantes se llevaron una mochila con G. 208 millones, monto que tenía que depositar en un banco de plaza.
A partir de aquel golpe, los agentes iniciaron un minucioso trabajo de inteligencia y seguimiento que desembocó en una serie de cinco allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de Cambyretá y Encarnación.
El primer procedimiento se desarrolló en una vivienda de madera, color natural, ubicada en el barrio San Jorge de Cambyretá. La propiedad pertenece a Adolfo Efraín Ferreira Amarilla, paraguayo, soltero, de 39 años, quien quedó detenido durante el operativo. Dentro de la vivienda encontraron varias evidencias como guantes de cuerina, una campera negra, un cartucho calibre 9 milímetros marca Luger y una tarjeta de memoria perteneciente a una cámara de seguridad.
En la segunda incursión en el barrio San Isidro de Encarnación, quedó detenido Juan Miguel Goncalvez Muñoz, paraguayo, soltero, de 25 años, quien posee antecedentes por violación de la Ley 1.340 y sus modificaciones, es decir, tráfico de estupefacientes. De su poder se incautó un kepis tipo camuflado, seis cartuchos vivos sin percutir de escopeta calibre 28, dos cartuchos vivos calibre 38, nueve pares de guantes negros y un pasamontañas.
Según reportó la Policía, de los demás sitios allanados, los agentes levantaron varios elementos que serán analizados como evidencias vinculadas al hecho investigado. El despliegue policial culminó sin incidentes, aunque las pesquisas continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existen más integrantes dentro de la estructura criminal investigada, mientras los detenidos y las evidencias quedaron a cargo del Ministerio Público, específicamente bajo la jurisdicción de la fiscal Mónica Martínez Arrúa, de Encarnación.